Zambrano afirmó que el Congreso cumplió con las etapas establecidas durante los procesos, al señalar que los funcionarios involucrados tuvieron la oportunidad de ejercer su defensa, presentar pruebas y participar en las audiencias correspondientes. “Se llevó a cabo el debido proceso. Se evacuó el derecho a la defensa, el estado de inocencia, las audiencias, los plazos de evacuación de pruebas y al final los que se quisieron presentar se presentaron, el que no quiso no se presentó y se llevó a cabo el proceso”, expresó el titular del Legislativo.
El presidente del hemiciclo explicó que los procedimientos aplicados tomaron en cuenta criterios establecidos a partir de una sentencia internacional que planteaba la necesidad de fortalecer algunos aspectos relacionados con el juicio político. Según indicó, uno de los elementos incorporados fue la posibilidad de recurrir mediante un amparo para quienes consideren afectados sus derechos durante el desarrollo de estos casos.
“En el decreto de destitución se deja un artículo donde tiene derecho de amparo quien se mire afectado en el juicio político”, manifestó Zambrano, al señalar que esa garantía quedó contemplada en los decretos aprobados por el Legislativo. En ese sentido, recordó que el exfiscal general Johel Zelaya, quien fue separado de su cargo el pasado 25 de marzo tras el primer juicio político realizado en Honduras, ya presentó un recurso de amparo ante las instancias correspondientes.
Zambrano también rechazó los señalamientos de sectores que aseguran que a Zelaya no se le otorgaron mecanismos de protección jurídica y afirmó que esas críticas no corresponden con lo establecido en los documentos oficiales. “Hay gente que habla, opina y no lee”, expresó el presidente del Congreso, quien además indicó que el Legislativo cuenta con los expedientes completos de los procedimientos desarrollados y permanece a la espera de información oficial por parte de la Cancillería y la Procuraduría General de la República sobre otros asuntos relacionados.
Honduras defenderá ante la CIDH la legalidad de los procedimientos
Una delegación del Estado de Honduras viajará el próximo 5 de agosto a Washington, Estados Unidos, para comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presentar los argumentos con los que defenderá la legalidad de los juicios políticos impulsados contra varios exfuncionarios. La representación estará integrada por miembros del Congreso Nacional, la Procuraduría General de la República y la Cancillería.
El diputado Mario Alonso Pérez informó que las instituciones involucradas trabajan en la preparación de la exposición que será presentada ante el organismo internacional, la cual estará respaldada por las leyes aplicables, actas oficiales, declaraciones testimoniales y la documentación recopilada durante los procedimientos. El congresista explicó que la finalidad es demostrar que las actuaciones realizadas por el Estado hondureño se ajustaron al marco constitucional vigente.
Pérez sostuvo que los funcionarios sometidos a juicio político tuvieron acceso a las garantías correspondientes, debido a que fueron notificados, pudieron presentar pruebas, comparecer ante la comisión especial y ejercer su defensa ante el pleno del Congreso Nacional. Asimismo, señaló que algunas renuncias presentadas por funcionarios respondieron a decisiones personales y no a presiones derivadas de los procesos legislativos.
El parlamentario aseguró que la delegación hondureña buscará explicar ante la CIDH que los procedimientos fueron desarrollados conforme a la Constitución de la República y las leyes nacionales, por lo que descartó que existan elementos para establecer sanciones contra el Estado. “Fuimos cuidadosos con el proceso. Nuestra obligación como Estado es comparecer y explicar que todo se realizó conforme a la ley”, concluyó Pérez.
Redacción: Forum News