Honduras defenderá este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la legalidad de los juicios políticos que llevaron a la destitución de exfuncionarios, en una audiencia temática convocada en Washington, Estados Unidos. El Estado decidió no enviar una delegación presencial y presentará su posición mediante un escrito elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR) y el Congreso Nacional, en el que sostendrá que los procedimientos cumplieron con las garantías constitucionales y el debido proceso.
El análisis de la CIDH se enfocará en los procesos que concluyeron con la separación del exfiscal general Johel Zelaya, el exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y el exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán. Estas decisiones adoptadas por el legislativo generaron cuestionamientos de organizaciones nacionales e internacionales que solicitaron la audiencia para exponer sus preocupaciones sobre la institucionalidad hondureña.
Organizaciones expondrán cuestionamientos ante la CIDH
La audiencia fue solicitada por entidades como Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC), el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), el Centro Jurídico por los Derechos Humanos (CJDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF).
Las organizaciones plantearon sus observaciones sobre temas relacionados con la independencia judicial, la separación de poderes, la carrera judicial y las garantías para jueces y magistrados. Frente a esos señalamientos, la representación hondureña defenderá que el juicio político es una figura contemplada en la normativa nacional y que su aplicación se realizó bajo los procedimientos establecidos.
Estado enviará argumentos sobre la legalidad del proceso
El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera Callejas, confirmó que el Congreso Nacional no participará directamente en la sesión porque considera que este tipo de audiencia no tiene carácter vinculante. Sin embargo, explicó que remitirá la documentación que, según afirmó, demuestra que los funcionarios sometidos al proceso tuvieron oportunidad de ejercer su defensa.
“Se van a enviar todos los documentos que acreditan que el proceso del juicio político fue totalmente legal, que se respetó la defensa de los imputados, que se respetaron todos los aspectos que tienen que ver con el juicio político”, expresó Rivera Callejas.
El parlamentario aseguró que los señalados fueron notificados, presentaron pruebas y tuvieron acceso a los mecanismos de defensa establecidos. También recordó que algunos comparecieron ante la comisión y el pleno legislativo, mientras que Marlon Ochoa decidió no hacerlo.
El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, explicó que la respuesta hondureña será entregada por escrito y que el país reservará algunos elementos como parte de su estrategia jurídica. “Hemos trabajado en un plan, un documento, que se presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para responder a la audiencia a la que fuimos citados”, declaró.
Recursos judiciales siguen pendientes en Honduras
El jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, señaló que los exfuncionarios todavía tienen recursos pendientes dentro del sistema judicial hondureño y que deben agotarse esas vías antes de avanzar hacia otras instancias. “El derecho interno en estos casos no se ha agotado. Ellos tienen los amparos ahí a los que tienen derecho y estamos esperando que la Corte lo resuelva”, manifestó.
Actualmente, dos recursos promovidos por los exfuncionarios permanecen bajo análisis de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Cálix indicó que es válido que los afectados acudan a organismos internacionales, pero sostuvo que también debe escucharse la posición del Estado y consideró que existen actas, firmas y votos que respaldan la actuación del Congreso.
Nuevas reformas electorales en discusión
Además del proceso internacional, Rivera Callejas anunció que el Partido Nacional impulsará reformas relacionadas con el funcionamiento del CNE. La propuesta busca garantizar el quórum, evitar bloqueos en la toma de decisiones y permitir que los consejeros suplentes participen con voz y voto cuando sean incorporados al organismo.
Este orden ya funciona como artículo porque no empieza con la defensa del Congreso, sino con el acontecimiento central, desarrolla el conflicto, presenta las posiciones enfrentadas y deja el tema electoral como un cierre secundario.
Redacción: Forum News