Morazán afirmó que el procedimiento responde a intereses ajenos a la institucionalidad. “Este es un juicio politizado para sacar de escena a los funcionarios que no nos sometimos”, expresó ante la comisión investigadora.
El magistrado también cuestionó el marco jurídico del juicio político, al considerar que sería incompatible con criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, calificó como “sesgadas” varias preguntas de los diputados y pidió que sus objeciones quedaran consignadas en acta.
En relación con su labor dentro del TJE, explicó que las sesiones virtuales fueron autorizadas hasta el 7 de enero mediante la plataforma Zoom, pero que posteriormente no existía normativa vigente que respaldara ese mecanismo. Señaló que algunas inasistencias obedecieron a la falta de ese sustento administrativo.
Sobre decisiones relevantes del órgano electoral, indicó que no participó en la resolución del caso Cálix y Valle porque no fue convocado. Añadió que otras ausencias se debieron a dinámicas internas del pleno, incluyendo procesos de recusación que involucraban a la presidencia del organismo.
Morazán también se refirió a señalamientos relacionados con la fallecida exfuncionaria Miriam Barahona, al afirmar que se ha intentado instrumentalizar su nombre. En ese contexto, sostuvo que, a su juicio, la funcionaria no se encontraba en condiciones físicas y mentales adecuadas para ejercer el cargo.
Durante la audiencia surgieron además referencias al golpe de Estado de 2009 y a la presidenta Xiomara Castro. El magistrado aseguró que no ha tenido contacto con la mandataria ni ha recibido instrucciones de su parte en ningún momento de su gestión.
En otro momento del intercambio con la comisión legislativa, se produjo un cruce de palabras con el diputado Kilvett Bertrand, luego de mencionarse una medalla otorgada por la mandataria en reconocimiento a su participación en la resistencia posterior al golpe de Estado de 2009, lo que generó cuestionamientos sobre su independencia.
Finalmente, Morazán reiteró que sus actuaciones han estado apegadas a la ley y advirtió que una eventual destitución podría ser interpretada por instancias internacionales como una “aberración jurídica”. También insistió en que no se prestó a irregularidades en el proceso electoral y atribuyó las acusaciones a presuntas injerencias políticas dentro del TJE.
Redacción: Forum News