La denuncia sostiene que el titular del Ministerio Público habría incurrido en actuaciones que vulneraron la autonomía de los órganos electorales, al promover investigaciones y diligencias contra consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, así como contra autoridades del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Los denunciantes argumentan que dichas acciones se ejecutaron en momentos críticos del calendario electoral y generaron presiones indebidas sobre las instituciones encargadas de garantizar la transparencia de los comicios.
Asimismo, se señala que las actuaciones del Ministerio Público incluyeron citaciones y la intervención de documentación institucional del CNE, lo que, a criterio de los promotores del juicio político, contraviene lo establecido en la Constitución y en la Ley Electoral, que reconocen la independencia y autonomía de este órgano. También se incorporaron señalamientos relacionados con procesos impulsados contra magistrados del TJE, entre ellos la magistrada Miriam Barahona, ya fallecida, y el presidente de esa institución, Mario Flores.
Como parte del procedimiento, el Congreso ya integró una comisión especial encargada de analizar las pruebas presentadas, recabar información adicional y emitir un dictamen que será posteriormente sometido a discusión y votación del pleno legislativo en las siguientes etapas del proceso.
Tras la resolución, el fiscal general suspendido reaccionó públicamente y aseguró que enfrentará el juicio político con tranquilidad. “Al pueblo hondureño y a la comunidad internacional les informo que recibo el inicio del juicio político en mi contra con serenidad y con la tranquilidad de haber actuado conforme a la ley”, expresó Zelaya en un mensaje difundido tras conocerse la decisión del Congreso.
En el mismo pronunciamiento, afirmó que acudirá al llamado del Legislativo cuando sea convocado para responder a los señalamientos. “En apego a la Constitución de la República, compareceré ante el Congreso Nacional de frente cuando el pleno me convoque, para exponer la verdad y aclarar, uno a uno, los señalamientos que se han realizado”, manifestó.
La denuncia lo acusa de haber incurrido en actuaciones contrarias al orden constitucional, además de negligencia, incapacidad e incompetencia en el ejercicio de sus funciones, particularmente en el contexto del proceso electoral previsto para 2025, lo que motivó la activación de este mecanismo de control político por primera vez en el país.