Entre las disposiciones centrales del decreto figura la eliminación de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS). El Gobierno sostiene que sus competencias coincidían con las del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), por lo que su funcionamiento resultaba oneroso. A partir de ahora, los proyectos de infraestructura comunitaria serán trasladados a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
El decreto también suprime la Secretaría de Planificación Estratégica, estructura dentro de la cual operaba Canal 8, y elimina la Secretaría para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos de la Presidencia (SEDESPA), cuyas atribuciones serán incorporadas a la organización vigente del Ejecutivo. En materia de vivienda, el Fondo Social de la Vivienda (FOSOVI) pierde su condición de ente autónomo y será absorbido por la Secretaría de Vivienda y Asentamientos Humanos. De igual manera, la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos y el Programa Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos dejan de funcionar como instancias independientes y pasan a depender de esa cartera.
En el ámbito aeroportuario, la normativa dispone la supresión del Servicio Aeroportuario Nacional (SAN) y restablece el modelo institucional contemplado en el Decreto Ejecutivo PCM 84 2020. Además de las supresiones, el articulado ordena la intervención de varias entidades públicas, entre ellas el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), el SANAA, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACIT/IHCIETI).
La medida alcanza también al Ferrocarril Nacional de Honduras, el Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA), el Instituto de Crédito Educativo (EDUCRÉDITO) y el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Según el decreto, las comisiones interventoras serán nombradas mediante disposiciones ejecutivas y deberán rendir informes dentro de los plazos fijados, en cumplimiento con los artículos reformados de la Ley General de la Administración Pública.
El Consejo de Ministros, además, derogó el Decreto Ejecutivo PCM 13 2023, que creó el Programa de Memoria, Verdad, Reparación, Justicia y No Repetición para la Reconciliación y Refundación de Honduras, y dejó sin efecto el Acuerdo Ejecutivo PCM 30 2025, relacionado con el reconocimiento de antigüedad laboral acumulada para efectos de cesantías y vacaciones.
Como parte del nuevo diseño institucional, el decreto crea el Programa Presidencial para el Fortalecimiento y Descentralización, adscrito a la Presidencia, que coordinará con la Secretaría de Gobernación y los gobiernos locales, procesos orientados a impulsar la descentralización. Con este conjunto de 25 artículos, el Ejecutivo redefine prioridades administrativas y establece un cambio de rumbo frente a programas y decisiones adoptadas en la gestión anterior.
Asimismo, el proceso de reestructuración impactará directamente a unos 1,900 empleados públicos, quienes serán liquidados con el pago completo de sus derechos laborales en un plazo de 90 días, según confirmó el abogado Leonel Núñez, integrante de la Comisión Técnica Liquidadora. Esta medida garantiza que los trabajadores afectados reciban las prestaciones correspondientes mientras se ajusta la plantilla a la nueva estructura administrativa.
Redacción: Forum News