La resolución judicial fue adoptada tras la audiencia de declaración de imputado realizada en Tegucigalpa, como parte del proceso penal impulsado por el Ministerio Público, con el objetivo de asegurar la comparecencia de los acusados mientras continúan las diligencias investigativas.
En el mismo expediente figuran Reniery Fabrizzio Lazzaroni Soler, Eleny Kassandra Gáleas Arias, Ilsy Valeska Baquedano Mejía e Iris Paola Pérez Moreno, a quienes la Fiscalía atribuye participación en el esquema investigado y para quienes se ordenó la misma medida cautelar.
El requerimiento fiscal establece que el perjuicio económico supera los seis millones de lempiras, recursos que estaban destinados a programas de desarrollo económico y social. Según la acusación, los fondos fueron desviados mediante la presentación de documentación irregular para justificar los desembolsos.
Las investigaciones señalan que se habrían utilizado facturas idénticas y actas de finiquito adulteradas como respaldo de transferencias previamente aprobadas, lo que permitió simular la ejecución de proyectos que, en muchos casos, no se realizaron conforme a lo establecido.
Durante las inspecciones efectuadas por las autoridades, se determinó además que los beneficios estatales no llegaron a personas en condición de vulnerabilidad, sino que fueron entregados a comerciantes y a individuos con aspiraciones a cargos de elección popular.
El Poder Judicial confirmó que se mantienen vigentes varias órdenes de captura contra otras personas vinculadas al caso, entre ellas la diputada Isis Carolina Cuéllar Erazo, quien figura en la investigación por su presunta relación con los hechos denunciados.
Antes de la audiencia, Cardona rechazó los señalamientos en su contra y aseguró que es inocente. “Desde que presenté mi renuncia quedé desprotegido”, afirmó, al tiempo que sostuvo que “se busca sacrificar a unos mientras otros se mantienen intocables”, en referencia a otros actores mencionados en el expediente.
Redacción: Forum News