Consultado por la posibilidad de un proceso en su contra, Zelaya fue enfático al señalar su disposición a dejar el cargo en cualquier momento. “Yo estoy listo para irme mañana del Ministerio Público”, expresó ante los medios de comunicación, al tiempo que recordó que también está preparado para concluir su periodo constitucional el 28 de febrero de 2029, si así se cumple el plazo legal.
El titular del ente acusador reconoció que las actuaciones del Ministerio Público han generado molestias en distintos sectores, pero sostuvo que esa reacción es consecuencia directa del trabajo que se está realizando. “Sé que a muchos les incomoda la manera como estamos actuando, pero es normal”, afirmó, al reiterar que no habrá retrocesos en la lucha contra la corrupción. “No nos vamos a retroceder en esta lucha”, insistió.
Zelaya reiteró que, incluso si se le notificara de inmediato un juicio político, su postura no cambiaría. “No tengo por qué retroceder en esta lucha”, subrayó, al señalar que las investigaciones en curso continuarán conforme a la ley.
De acuerdo con el marco constitucional hondureño, el Congreso Nacional tiene la facultad de remover al fiscal general mediante un juicio político. La Ley Especial del Juicio Político establece que el proceso debe cumplir varias etapas y que, para que la destitución sea efectiva, se requiere una mayoría calificada de 86 votos de los 128 diputados; de no alcanzarse ese número, el funcionario permanece en su cargo.
En cuanto a las resoluciones emitidas por la Corte Suprema de Justicia relacionadas con la consejera del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, el fiscal general afirmó que el Ministerio Público respeta las decisiones del máximo tribunal y que actualmente analizan cuántas líneas de investigación podrían verse afectadas por esos fallos.
Sobre el caso conocido como chequesol, que involucra a la Secretaría de Desarrollo Social y presuntas irregularidades en el manejo de fondos, en el que figuran la diputada Isis Cuéllar y el exsecretario José Carlos Cardona, Zelaya explicó que algunos procesos investigativos requieren tiempo. “Hay investigaciones que tardan 10, cinco, tres o dos años”, señaló.
Finalmente, el fiscal general denunció ataques personales y familiares derivados de su función pública. Relató que una de sus hijas fue rechazada en una institución educativa por ser hija del fiscal general. “A esa crueldad humana nos hemos enfrentado como familia”, expresó, al asegurar que, pese a ello, continuará “luchando por el pueblo hondureño, sin distinguir clases ni posturas políticas”.
Redacción: Forum News