La Corte Suprema de Justicia (CSJ) activó el proceso judicial por el caso de presunto desvío de fondos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), al ratificar la designación de un juez natural que conoció la solicitud de requerimiento fiscal contra la diputada Isis Cuéllar, el exministro José Carlos Cardona y otras diez personas vinculadas al escándalo conocido como el “cheque video”.
La decisión fue adoptada durante una reunión del pleno de magistrados, en la que se avaló el nombramiento del juez encargado del expediente, que investiga una presunta trama de corrupción mediante el uso de recursos públicos destinados a ayudas sociales para fines políticos. En el caso figuran doce imputados, entre ellos Cuéllar y Cardona, para quienes se emitieron órdenes de captura inmediata.
El expediente judicial se sustenta en la divulgación de un video en el que la diputada por Copán conversa con el entonces titular de Sedesol sobre la emisión de cheques y la compra de equipos destinados a estructuras del partido Libertad y Refundación (Libre). En la grabación, Cuéllar detalla la distribución de kits valorados en aproximadamente 125 mil lempiras. “Yo te dije que haría cheques de 100 mil y que los cambiaría la gente de mi confianza y los entregamos al Partido”, se escucha decir a la congresista.
Dentro del requerimiento fiscal también figuran como imputados Rosy Yanira Martínez González, Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, Mirza Nohelia Sánchez Maradiaga, José Manuel Cerrato Villanueva, Reinery Fabrizzio Lazzaroni Soler, Eliud Reiniery Aguilar Pineda, Eleny Kassandra Galeas Irías, Ilsy Valeska Baquedano e Iris Paola Pérez Moreno, quienes habrían participado en el mecanismo utilizado para el manejo y cobro de los cheques investigados.
Tras conocerse la resolución judicial, la diputada Isis Cuéllar abandonó de manera apresurada la sesión del pleno del Congreso Nacional. El hecho fue confirmado por la diputada Saraí Espinal, quien relató a la prensa que su colega dejó el hemiciclo luego de enterarse de la orden de captura girada en su contra.
Horas más tarde, ya en la noche del lunes, el fiscal general, Johel Zelaya, confirmó públicamente la presentación del requerimiento fiscal, que incluye 67 delitos de fraude por el uso irregular de fondos de Sedesol. El titular del Ministerio Público aseguró que las ayudas sociales fueron utilizadas con fines políticos y no llegaron a personas en condición de vulnerabilidad. “Las ayudas estaban dirigidas con fines políticos y los fondos nunca llegaron a quienes realmente los necesitaban”, afirmó.
Zelaya detalló que la investigación se inició el 23 de junio de 2025 y que se logró establecer que ninguno de los beneficiarios cumplía los requisitos para acceder a este tipo de asistencia. “La selección de estas personas respondió a fines políticos”, subrayó, al tiempo que aseguró que el caso mantiene al menos dos líneas adicionales de investigación en curso. “Hasta el día de hoy no he tenido ninguna reunión con personeros de ningún partido”, agregó.
En reacción al requerimiento fiscal, el exministro José Carlos Cardona negó las acusaciones y aseguró que enfrentará el proceso judicial. “No soy ningún cobarde ni tengo ningún temor. Tampoco pienso huir a ninguna parte, soy inocente”, escribió en su cuenta de X, donde también afirmó: “Estoy listo para enfrentar a la justicia desde hace meses, pero nunca se me quiso atender mi declaración”.
En el plano político, el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya, expresó su respaldo a Cuéllar y Cardona y exigió respeto al debido proceso. “Ponemos a disposición nuestra Secretaría Legal para acompañar y demostrar la verdad de los hechos, así como la legítima defensa que les asiste conforme a la ley”, señaló, calificando la acción judicial como desproporcionada.
Desde el Congreso Nacional también surgieron reacciones. El diputado Rashid Mejía anunció que presentarán una iniciativa para que el fiscal general rinda cuentas sobre los avances del caso, mientras que el diputado nacionalista Roy Cruz sostuvo que “es un tema del sistema judicial”. Por su parte, la diputada María José Sosa reaccionó en redes sociales con el mensaje: “Todo, todo, todo en esta vida se paga”.
Asimismo, autoridades confirmaron la captura de varias personas vinculadas, como parte de los operativos realizados en las últimas horas. Durante la tarde de ayer fue detenida Casandra Gáleas Arias, mientras que en horas de la noche se reportó la captura de Fabricio Solórzano. También, este día fueron arrestadas Ilse Baquedano y Paola Pérez, esta última excuñada de la diputada Cuéllar.
El caso Sedesol vuelve a colocar bajo escrutinio el uso de fondos públicos y la transparencia en la gestión estatal, mientras el proceso judicial avanza y se esperan nuevas actuaciones de las autoridades competentes.