El líder comunitario hondureño en Florida, Juan Flores, valoró la determinación judicial como una noticia alentadora al inicio del año y explicó que, mientras el caso continúe en los tribunales, los beneficiarios del TPS deben renovar sus permisos de trabajo y mantienen la protección contra la deportación. También señaló que el Gobierno estadounidense aún tiene la posibilidad de apelar la resolución ante la misma corte u otra instancia judicial.
La jueza Trina Thompson, con sede en California, concluyó que la entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, actuó de manera predeterminada al ordenar la terminación del TPS y no respetó los procedimientos establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo. En su resolución, la magistrada dejó sin efecto la orden gubernamental y restableció el beneficio migratorio para las nacionalidades afectadas.
El fallo subraya que la reducción del período de transición a 60 días no siguió la práctica habitual del Departamento de Seguridad Nacional y que la cancelación del TPS para Nepal en junio de 2025 y para Honduras y Nicaragua en julio del mismo año fue ilegal. La demanda fue impulsada por migrantes que alegaron que la medida estuvo motivada por un trato discriminatorio.
El Estatus de Protección Temporal fue otorgado a Honduras a finales de la década de los noventa como respuesta a los devastadores efectos del huracán Mitch, que golpeó con especial dureza al país y a Nicaragua. Aunque el programa fue cancelado por el Gobierno estadounidense, su vigencia continúa en manos de la justicia, y mientras el litigio siga abierto, los hondureños amparados por el TPS conservarán su derecho a trabajar y a permanecer legalmente en Estados Unidos.
Redacción: Forum News