El proceso, que había comenzado el jueves con un retraso de cinco días, avanzó con lentitud debido a marcadas diferencias entre representantes de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento. Estas tensiones se reflejaron en la revisión de actas con inconsistencias, situación que mantuvo detenido el escrutinio por varias horas y generó preocupación entre actores políticos y autoridades electorales.
La diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, denunció que el conteo no avanzaba porque una supuesta alianza entre miembros del Partido Liberal y Libertad y Refundación intentaba retirar al fedatario de su partido, a quien identificó como la persona encargada de documentar incidencias e irregularidades durante el proceso. Según señaló, se estaban dejando actas en cero sin justificación legal.
Ante estos señalamientos, la consejera del CNE, Cossette López, recordó públicamente que las reglas del escrutinio especial ya estaban claramente establecidas y advirtió que anular actas sin fundamento legal tenía consecuencias graves. “Equivale a decir que en más de cien lugares no hubo elección”, expresó la funcionaria, al referirse a las actas que estaban siendo dejadas en cero.
López también explicó que circuló un video y un comunicado, con apariencia formal, de un grupo de miembros de juntas escrutadoras que aseguraron haberse sentido agredidos luego de que se les leyeran las normas del procedimiento y se les hicieran advertencias legales antes de iniciar el conteo. En respuesta, la consejera fue enfática al señalar que “si el contenido de la ley y las reglas les ofende más que las piedras que han tirado y el daño que le están haciendo al país, entonces que no participen”.
En medio de la crisis, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras, llamó a los escrutadores liberales del turno A a presentarse de inmediato al CLE para retomar el conteo, advirtiendo que, de no hacerlo antes de las 11 de la mañana, el partido procedería a sustituirlos. Contreras subrayó que acompañar el proceso era una responsabilidad partidaria y sostuvo que retrasar la declaratoria oficial “socava las bases de la democracia del país”.
De acuerdo con datos expuestos por la consejera López, de las 2.792 actas con inconsistencias solo 983 habían sido escrutadas desde el inicio del proceso, lo que evidenció el bajo avance del conteo. Esta situación motivó pronunciamientos como el del diputado del Partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña, quien urgió a reanudar el escrutinio y advirtió que los retrasos podían derivar en un rompimiento del orden constitucional, al considerar que el mandato del pueblo hondureño estaba siendo burlado.
El escrutinio especial permaneció detenido desde la noche del sábado luego de que miembros del Partido Liberal y Libre no ingresaran al centro de conteo, argumentando que militares les advirtieron que dejar mesas en cero constituía un delito electoral. Aunque el proceso se reinició casi al mediodía del domingo, lo hizo con marcada lentitud, manteniendo un clima de tensión e incertidumbre alrededor de la revisión final de los resultados.