El Consejo Nacional Electoral puso en marcha la revisión de 2.792 actas observadas luego de superar obstáculos administrativos, desacuerdos entre representantes de partidos y dificultades para integrar las juntas encargadas del recuento. El inicio del proceso marcó un punto de quiebre en un calendario electoral que había acumulado retrasos y cuestionamientos.
La revisión de las actas continúa bajo la observación de veedores nacionales e internacionales, como parte de los mecanismos de transparencia establecidos por el órgano electoral. Las autoridades han reiterado que el procedimiento se mantiene activo y avanza de forma gradual conforme se completan las verificaciones técnicas y administrativas correspondientes.
Según los datos más recientes, el Partido Nacional se mantiene en la primera posición con el 40.40 por ciento de los votos, equivalentes a 1,322,696 sufragios. En segundo lugar figura el Partido Liberal con el 39.40 por ciento, que representa 1,290,119 votos, mientras que el Partido Libertad y Refundación ocupa la tercera posición con el 19.22 por ciento, sumando 629,300 votos.
La estrecha diferencia entre las dos principales fuerzas políticas mantiene al escrutinio especial como un elemento clave del proceso, aunque el Consejo Nacional Electoral ha reiterado que la legislación hondureña no contempla un recuento total voto por voto a nivel nacional, limitando la revisión a las actas con inconsistencias debidamente identificadas.
La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, advirtió en su red social X: "Miembros de Juntas: En sus manos tienen la voluntad popular que deben resguardar y no alterar. No caigan en ninguna irregularidad por promesa de obtener favores o ventajas a cambio. De hacerlo, la responsabilidad será personal e individual, no carguen con esa consecuencia".
Las autoridades electorales han insistido en que el escrutinio especial se ejecuta dentro del marco legal vigente y con apego a los plazos establecidos, con el objetivo de brindar certeza jurídica y preservar la estabilidad institucional del país.
En paralelo, la presidenta Xiomara Castro había manifestado públicamente que respetará el resultado que proclame el Consejo Nacional Electoral y que su Gobierno garantizará una transición pacífica, en estricto apego a la Constitución de la República.
El CNE mantiene como fecha límite el próximo 30 de diciembre para emitir la declaratoria oficial, mientras el país permanece atento al desarrollo de un escrutinio especial que continúa en marcha y que podría incidir en el desenlace de una de las elecciones más disputadas de los últimos años.