El indulto otorgado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández ya es un hecho y ha provocado un impacto político y jurídico de gran magnitud tanto en Honduras como en Estados Unidos. La figura del indulto presidencial, que es una facultad exclusiva del mandatario estadounidense para perdonar condenas federales, dejó sin efecto la sentencia de 45 años de prisión que Hernández cumplía por delitos vinculados al narcotráfico y armas. Con esta decisión, el exmandatario recuperó su libertad el 1 de diciembre de 2025 y abandonó la prisión donde permanecía recluido desde su condena en Nueva York.
El perdón presidencial fue concedido por el presidente Donald Trump, quien argumentó que el juicio contra Hernández estuvo marcado por inconsistencias, testimonios de cooperantes con amplios historiales criminales y motivaciones políticas atribuidas a la fiscalía estadounidense. Esa narrativa ha sido adoptada por sectores cercanos al Partido Nacional de Honduras, como ser el exfuncionario Ebal Díaz que celebran el indulto como una reivindicación para quien consideran que fue “injustamente condenado”.
Tras la liberación, la familia de Hernández reaccionó con mensajes de alegría y gratitud. Su esposa, la exprimera dama Ana García de Hernández, confirmó públicamente que JOH salió en libertad y describió el día como “imposible de olvidar”. “Después de casi cuatro años de dolor, de espera y de pruebas difíciles, mi esposo Juan Orlando Hernández volvió a ser un hombre libre”, expresó en un mensaje difundido este martes. García calificó el momento como un “milagro”, agradeció a Dios y al presidente Trump y destacó el apoyo de quienes “oraron, defendieron la verdad y creyeron en la justicia”.
En Honduras, su ciudad natal, Gracias, en Lempira, fue escenario de caravanas y actos de apoyo organizados por simpatizantes del exgobernante, quienes consideran su regreso un cierre del proceso judicial que enfrentó desde su extradición. Sin embargo, la reacción crítica ha sido igual de fuerte. Diversas figuras políticas y sociales alertan que un indulto a un expresidente condenado por narcotráfico envía un mensaje de impunidad y debilita los esfuerzos regionales contra el crimen organizado. Autoridades hondureñas, entre ellas el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, han subrayado que la medida representa un retroceso institucional y recordaron que en el país continúan vigentes procesos e investigaciones que no quedan anulados por un perdón emitido en Estados Unidos.
Analistas, organizaciones de víctimas y sectores opositores coinciden en que la decisión tiene un peso claramente político, especialmente al ocurrir en un contexto electoral. Consideran que el indulto no solo redefine la situación legal de Hernández, sino que también reabre un debate profundo sobre la responsabilidad de las élites políticas en el auge del narcotráfico y sobre los límites del poder presidencial cuando se trata de delitos transnacionales.
A la espera de conocer eventuales repercusiones legales en Honduras y los términos completos del indulto, el caso continúa generando divisiones. Mientras algunos lo describen como un acto de justicia, otros lo interpretan como una afrenta al Estado de derecho. Su desenlace ya se perfila como uno de los episodios más trascendentales en la historia reciente del país y un precedente en la forma en que las altas esferas políticas influyen en procesos judiciales internacionales.