Durante la extensa sesión, las partes presentaron nuevos argumentos sobre la forma en que se ejecutó la cancelación del TPS durante la administración de Donald Trump. El punto central consistió en establecer si el gobierno cumplió realmente con los pasos legales necesarios antes de anunciar la terminación del programa para Honduras, Nicaragua y Nepal.
Los representantes del gobierno defendieron que la decisión sobre mantener o eliminar el TPS corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo y, por tanto, no debería ser objeto de intervención judicial. En su postura, la jueza estaría sobrepasando su jurisdicción si frena o modifica lo que consideran una decisión de política migratoria legítima y presidencial.
Sin embargo, la defensa de los beneficiarios expuso que la cancelación se realizó sin contar con el informe oficial del Departamento de Estado que debía sustentar la decisión. Más aún, se señaló que el gobierno solicitó dicho informe después de haber anunciado públicamente la eliminación del beneficio, lo que despertó serias dudas sobre si el proceso se llevó a cabo con la neutralidad y rigor exigidos por ley.
La jueza no pasó por alto este detalle y cuestionó abiertamente la secuencia de los hechos, insinuando que el gobierno podría haber tomado una decisión anticipada sin haber completado el análisis requerido. Los abogados de los afectados insistieron en que Honduras no ofrece condiciones seguras para el regreso de las más de 55,000 personas protegidas por el TPS, situación que el propio Departamento de Estado habría podido confirmar de haberse consultado oportunamente.
Aunque no hubo sentencia definitiva, la magistrada resolvió tres de las cuatro mociones, manteniendo vivo el litigio y evitando que el caso fuera desestimado. A la audiencia acudieron migrantes y organizaciones de apoyo, incluida la Fundación 15 de Septiembre. Su presidente, Juan Flores, urgió al actual gobierno hondureño a involucrarse de forma más activa en el proceso, insinuando que hasta ahora ha habido más expectativa que acción en la defensa de sus compatriotas en Estados Unidos.
En Honduras, el tema del TPS vuelve a colocarse en el centro del debate público, no solo por su alto impacto social y económico, sino porque la eventual cancelación podría generar presiones adicionales en un país que continúa enfrentando desafíos estructurales como desempleo, violencia, migración forzada y fragilidad institucional. Para muchos observadores, el desenlace de este caso será un reflejo de qué tan preparados están los próximos gobiernos hondureños para asumir las consecuencias de decisiones tomadas lejos de sus fronteras, pero que repercuten directamente en miles de familias en el país.
Redacción: Forum News