Su abogado, Dagoberto Aspra, lamentó que no se permitiera un análisis técnico independiente del material. Explicó que esos estudios eran necesarios para esclarecer el origen, edición o autenticidad de las grabaciones, las cuales fueron entregadas al MP por el consejero electoral Marlon Ochoa y posteriormente divulgadas públicamente, generando un impacto directo en la imagen de su representada.
Aspra cuestionó que la Fiscalía justificara la publicación de los audios como un acto para “defender la democracia”. A su criterio, esa postura se aleja de las funciones institucionales del MP, que recordó están orientadas exclusivamente a la acción penal y no a la construcción de narrativas públicas. Subrayó además que, de acuerdo con la propia documentación del caso, López no figura como investigada ni como acusada dentro del expediente.
El defensor también manifestó preocupación por la forma en que la CSJ asignó a la funcionaria encargada de resolver la petición. Señaló que se designó a una magistrada suplente, pese a que existe un orden de precedencia que debió llevar el caso a un magistrado propietario electo por el Congreso Nacional. Según indicó, la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, intervino directamente en esa designación, lo que considera una irregularidad.
Ante este escenario, Aspra afirmó que la resolución deja a la consejera del CNE en un estado de indefensión, pues se le niega una herramienta clave para responder a señalamientos públicos en el marco de un proceso electoral especialmente sensible. Por ello, anunció que presentará un recurso de apelación con el objetivo de obtener una vía legal que permita contrarrestar la narrativa que, asegura, proviene del partido gobernante, Libertad y Refundación (Libre).
Redacción: Forum News