El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, defendió la decisión argumentando que el estado de excepción continúa siendo “una herramienta jurídica indispensable” para enfrentar la extorsión, el secuestro y los homicidios en las zonas más conflictivas del país. Explicó que la aplicación sigue siendo parcial, abarcando cerca del 50 % del territorio nacional, y subrayó que las acciones operativas de la Policía Nacional y de la Policía Militar cuentan con la supervisión del Ministerio Público.
Durante su intervención, Sánchez aseguró que el régimen no afectará el desarrollo del proceso electoral ni el derecho al voto. Al contrario, invitó a la ciudadanía a participar masivamente en las urnas y garantizó que las fuerzas de seguridad “respetarán la voluntad popular y la soberanía del pueblo hondureño”. También desmintió que organismos internacionales hayan pedido la suspensión del estado de excepción, calificando tales versiones como informaciones “tendenciosas”.
Pese al respaldo del Ejecutivo, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) manifestó su preocupación por la prolongación continua de esta política de seguridad. El organismo advirtió que la medida ha generado más de mil denuncias por abusos cometidos por miembros de los cuerpos policiales y militares, lo que refleja, según su evaluación, una tendencia alarmante en la vulneración de derechos fundamentales.
Luis Martínez, representante del Observatorio Nacional de Derechos Humanos, reiteró que el estado de excepción “no es una respuesta sostenible a las causas estructurales de la violencia” y exhortó al Gobierno a impulsar políticas de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos. A su juicio, la seguridad no puede depender indefinidamente de la suspensión de garantías, sino de una institucionalidad fuerte y de estrategias preventivas basadas en la inclusión social.
En la misma línea, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) alertó que la extensión del régimen en plena coyuntura electoral podría generar “una tensión constitucional de alto nivel”. La institución académica recordó que la Constitución contempla la suspensión temporal de garantías únicamente ante amenazas graves y excepcionales, por lo que mantener esta figura de forma prolongada “desnaturaliza su propósito y erosiona los fundamentos del Estado de derecho”.
De cara a las elecciones del 30 de noviembre, el debate sobre la vigencia del estado de excepción se suma a las tensiones políticas y sociales que marcan el proceso. Diversos sectores temen que la suspensión parcial de garantías limite la libre movilización y el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos durante la jornada electoral. No obstante, el Gobierno sostiene que la medida busca precisamente garantizar un ambiente seguro y ordenado para que los hondureños puedan ejercer su voto sin intimidaciones, en un contexto donde la seguridad pública continúa siendo uno de los principales desafíos nacionales.
Redacción: Forum News