Según el comunicado oficial, el requerimiento por prevaricato, contemplado en el artículo 516 del Código Penal, cuenta con respaldo documental y testimonios que indican que ambos magistrados emitieron resoluciones contrarias a la ley al conformar un pleno con solo dos miembros del TJE.
El Ministerio Público explicó que presentó previamente la solicitud de antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia, la cual determinó que los magistrados no gozan de prerrogativas que los eximan de responsabilidad.
El ente acusador aseguró que todas sus actuaciones se enmarcan en la Constitución y las leyes hondureñas, garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales, y que permanecerá atento ante cualquier intento de vulnerar el proceso electoral.
Asimismo, confirmó la existencia de una “Noticia Criminis” vinculada a audios que podrían poner en riesgo la transparencia electoral, relacionados con la investigación a los magistrados. La institución ratificó su compromiso con la defensa de la democracia y la voluntad soberana de la ciudadanía.
Redacción: Forum News