La reunión se llevó a cabo en los bajos del Congreso y contó con la participación de figuras de peso, como Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional; Fátima Mena del Partido Salvador de Honduras (PSH), e Iroshka Elvir, del Partido Liberal. Los legisladores argumentaron que su convocatoria se ampara en el artículo 191 de la Constitución, al señalar la inacción de la junta directiva encabezada por Redondo. Con esta decisión, buscan impedir que el 31 de octubre se conforme una Comisión Permanente, órgano que asumiría funciones legislativas durante el receso y que sería controlado por el oficialismo.
Sin embargo, lo aprobado por estos partidos enfrenta un obstáculo jurídico: su vigencia depende de que el decreto sea publicado en el diario oficial La Gaceta, conforme establece el artículo 5 del Código Civil. Esta publicación recae en el Poder Ejecutivo, encabezado por la presidenta Xiomara Castro, cuya cercanía con el bloque oficialista reduce las posibilidades de que el decreto opositor sea sancionado o divulgado oficialmente.
La situación recuerda lo ocurrido en 2023, cuando una autoconvocatoria similar fue declarada sin efecto por falta de publicación. En aquella ocasión, las decisiones adoptadas por los diputados contrarios al gobierno quedaron invalidadas, lo que podría repetirse si el Ejecutivo mantiene su postura actual. Desde el oficialismo, el diputado de Libre, Fabricio Sandoval, desestimó la reciente acción y la calificó como una “pantomima orquestada por grupos de poder”, asegurando que los opositores “no cumplen los requisitos legales” y que su esfuerzo “solo retrasa la búsqueda de acuerdos reales”.
En contraste, la diputada Fátima Mena defendió la legitimidad de la sesión al amparo del decreto 33-2020, que permite la publicación de resoluciones legislativas por medios electrónicos. “La resolución ya fue adoptada por el pleno y es de conocimiento público. Si el Ejecutivo no la publica, se evidenciará que lo que se busca es instalar una Comisión Permanente con amplias facultades para aprobar endeudamientos y decisiones que preocupan al país”, advirtió.
El enfrentamiento entre ambos bloques refleja la pugna política que mantiene paralizado al Congreso desde hace más de dos meses, con temas como los ascensos militares y la elección de altos funcionarios en espera. Analistas consultados advierten que esta crisis ha profundizado la desconfianza ciudadana en las instituciones. Según el politólogo Oliver Erazo, el conflicto legislativo “revela un agotamiento de las vías políticas y una estrategia calculada del oficialismo para mantener el control”.
A escasas semanas de las elecciones generales, el futuro del decreto aprobado por la oposición sigue siendo incierto. Todo dependerá de si el Ejecutivo decide o no permitir su publicación en La Gaceta, un paso que, según especialistas, podría no concretarse y dejar sin efecto la maniobra política del bloque opositor.
Redacción: Forum News