Durante su pronunciamiento público, el alto mando militar recalcó que la petición busca garantizar la transparencia y fortalecer la confianza ciudadana en los comicios generales del próximo 30 de noviembre. “No es una injerencia, son facultades que nos otorga la Constitución. Hemos actuado con respeto, dialogando con las autoridades electorales y dejando claro que nuestra intención es acompañar el proceso dentro del marco legal”, expresó Hernández.
El general explicó que, atendiendo la solicitud de la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, formalizará la petición por escrito. Según detalló, la propuesta será remitida al pleno del Consejo para su evaluación y aprobación o rechazo. “Ella expresó que lo hiciéramos por escrito y así lo haremos. Es una solicitud respetuosa, apegada a la ley, y quedará a consideración de los consejeros. Nosotros respetaremos su decisión”, indicó.
Hernández subrayó que las Fuerzas Armadas no buscan asumir funciones que competen exclusivamente al ente electoral, sino cumplir con su deber constitucional de garantizar la seguridad y el orden durante la jornada electoral. “Pedimos que se interprete correctamente el artículo 272, porque no intentamos ser injerentes, solo estamos en disposición de apoyar”, enfatizó.
La consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, reaccionó con firmeza ante la propuesta militar. Señaló que el escrutinio y la validación de los resultados electorales corresponden únicamente al Consejo Nacional Electoral, y que cualquier intento de acceder a las actas presidenciales constituiría una violación a las competencias exclusivas del órgano electoral. “Durante la reunión con los representantes de las Fuerzas Armadas se explicaron los aspectos jurídicos y constitucionales que hacen improcedente esa solicitud. Nuestra colaboración con las Fuerzas Armadas se mantiene, pero solo en lo que establece la ley”, declaró Hall.
El debate trascendió el plano institucional y llegó al académico. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) emitió un pronunciamiento en el que recordó que la Constitución delimita claramente el papel de las Fuerzas Armadas en los procesos electorales, restringiendo su participación al ámbito de la seguridad, la custodia del material electoral y el apoyo logístico. Según la institución, cualquier intento de extender ese papel hacia la gestión o recolección de resultados supondría un retroceso democrático y pondría en riesgo la independencia del órgano electoral.
La controversia entre el poder electoral y la institución armada ha abierto un nuevo debate sobre los límites de la participación militar en los procesos democráticos del país. Mientras las Fuerzas Armadas insisten en que su actuación se ampara en la ley, sectores académicos y jurídicos advierten sobre la necesidad de proteger la autonomía del CNE como garante del voto ciudadano. En medio de estas tensiones, la solicitud del general Hernández se convierte en un punto de inflexión en la discusión sobre la transparencia y la institucionalidad de las elecciones hondureñas.