De acuerdo con los documentos judiciales, Serrano habría utilizado su cargo diplomático para facilitar citas consulares a clientes de Consular Services Company, una empresa con sede en Tennessee, a cambio de pagos ilegales. Los beneficiarios buscaban acceder a servicios relacionados con la obtención de pasaportes, documentos de identidad y otros trámites en la sede diplomática hondureña.
La investigación también señala que la exfuncionaria habría dado instrucciones a terceras personas, incluido Mario Antonio Castellanos Velásquez, exempleado del Consulado de Honduras, para coordinar directamente con representantes de la compañía y garantizar el ingreso de sus clientes a las instalaciones una vez realizado el pago de los sobornos.
Junto a Serrano fueron detenidos sus hijos, Luis Euceda Serrano y Ángel Euceda Serrano, residentes en Suwanee, Georgia, así como Castellanos Velásquez. La excónsul enfrenta al menos tres cargos, entre ellos conspiración para infringir la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA, por sus siglas en inglés).
Serrano estuvo al frente del Consulado General de Honduras en Atlanta desde julio de 2022 hasta marzo de 2026. Sobre el caso, el fiscal federal del Distrito Norte de Georgia, Theodore S. Hertzberg, advirtió que «Los diplomáticos extranjeros que operan en nuestro país no pueden aprovechar su poder para extorsionar y obtener sobornos de personas inocentes».
El funcionario también aseguró que su oficina «procesará con rigor» cualquier acto de soborno, independientemente del cargo que ocupe la persona señalada. Las acusaciones forman parte de un proceso judicial en el que se deberá determinar la responsabilidad de los cuatro detenidos.
Redacción: Forum News