La decisión también ratifica diez autos de formal procesamiento contra exfuncionarios y particulares señalados en el expediente, quienes deberán continuar enfrentando el proceso penal. Así lo informó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, al detallar los alcances de la resolución emitida por el tribunal de alzada.
En el caso de Ebal Díaz, la Corte mantuvo la orden de captura internacional, mientras el exfuncionario continúa prófugo de la justicia hondureña en Nicaragua. Además, en diciembre de 2024 fue incluido en la lista de actores corruptos del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Las otras dos personas que permanecen sin ser localizadas también tienen órdenes de captura y alertas rojas internacionales vigentes. Sin embargo, sus identidades se mantienen bajo reserva para no obstaculizar las labores de inteligencia y las acciones encaminadas a su detención.
Entre los diez procesados figuran Sonia Morales, Sonia Montoya y Mario Gómez, señalados por fraude, administración fraudulenta y violación de los deberes de los funcionarios. Por los delitos de fraude y administración fraudulenta también enfrentan el proceso Frank Rodríguez, Luis Aparicio, Liz Moncada, Oscar Mendoza, Rolando Pujol y José Cali, mientras que José Cortés está procesado por administración fraudulenta.
En contraste, la resolución revocó el auto de formal procesamiento que había sido dictado contra Carmen Cuadra y Lette Villatoro Flores, por lo que ambas recibieron sobreseimiento definitivo y quedan fuera de este proceso judicial.
Una vez que todas las partes sean notificadas, el expediente será enviado al Juzgado de Letras competente, donde se esperará la solicitud formal del Ministerio Público para programar la audiencia preliminar. Esta diligencia constituye el paso previo para determinar si la causa es elevada a juicio oral y público.
Las investigaciones del caso «Casas Contenedores» se originaron por presuntas irregularidades en la ejecución de Residencial Morazán, un proyecto concebido para beneficiar a unas 10,000 familias afectadas por desastres naturales mediante la entrega de viviendas. Sin embargo, las indagaciones establecieron que solamente 21 contenedores llegaron a ser habitados, mientras el perjuicio económico para el Estado fue estimado en 294 millones de lempiras.
Redacción: Forum News