La decisión fue comunicada por integrantes de la Bancada del Bloque Democrático, quienes manifestaron su preocupación por el impacto de la crisis bancaria y advirtieron que están en riesgo fondos del IPS superiores a los 328 millones de dólares. Esta institución administra las pensiones de la mayoría de los trabajadores paraguayos y, según su gerente financiera, Gladys Vera, mantenía inversiones por aproximadamente 355 millones de dólares en Ueno bank, donde también permanecían los depósitos de unos 32.000 jubilados.
El juicio político contra Peña y Alliana se fundamenta en el artículo 225 de la Constitución paraguaya, que contempla esta figura por mal desempeño de funciones, delitos cometidos durante el ejercicio del cargo o delitos comunes. Para que el proceso avance, la Cámara de Diputados debe aprobar una acusación con mayoría de dos tercios y posteriormente el Senado deberá actuar como juez, con facultad para destituir a los funcionarios si determina su responsabilidad.
Paralelamente, los legisladores acudirán al Ministerio Público para solicitar que se investiguen posibles responsabilidades penales de los integrantes del directorio del Banco Central de Paraguay (BCP), encabezado por Carlos Carvallo, por sus actuaciones u omisiones en la regulación, fiscalización y supervisión del sistema financiero. La medida surge luego de que el organismo anunciara el procedimiento de resolución contra Ueno bank por insuficiencia en su índice de solvencia. «Ni la aplicación, ni las tarjetas, ni ningún servicio de la entidad está activo a partir de la fecha», informó Liana Caballero, integrante del directorio del BCP.
En medio de la controversia, Carvallo reconoció que presentó su renuncia, aunque aseguró que los acontecimientos recientes exigieron su permanencia en el organismo, sin precisar cuándo se hará efectiva su salida. Por su parte, la senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional, anunció que promoverá una denuncia penal contra los directivos de Ueno bank y solicitará medidas cautelares, incluida la prisión preventiva, al considerar que existe peligro de fuga y una alta expectativa de pena. Los opositores también responsabilizaron al Gobierno de Peña de garantizar la seguridad ciudadana ante posibles movilizaciones derivadas de la crisis.
Redacción: Forum News