El comisionado Mario Simón explicó que las anomalías fueron identificadas durante el proceso de liquidación de instituciones como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Red Solidaria y el Programa de Acción Solidaria (Proasol). Según indicó, parte de los recursos administrados para atender a sectores de escasos recursos presuntamente no habría cumplido con los objetivos previstos, por lo que la documentación fue puesta a disposición del MP y del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Entre los casos expuestos figura el manejo de 230 millones de lempiras destinados a cajas rurales, una situación que, de acuerdo con la Comisión, no había sido divulgada anteriormente. Ante este hallazgo, se pidió a las autoridades realizar las diligencias correspondientes y solicitar la documentación necesaria a las instituciones involucradas para esclarecer el uso de esos fondos.
Otro de los proyectos bajo cuestionamiento es el Hospital Neonatal de Occidente, cuya ejecución debía concluir en junio de 2025. Simón señaló que la obra recibió dos ampliaciones de plazo, pero registra apenas un 27 % de avance, pese a que el período legal para su ejecución finalizó el 10 de enero de 2026. El comisionado también indicó que el TSC elaboró un informe sobre el proyecto y cuestionó que los funcionarios responsables no gestionaran acciones para ampliar el tiempo de construcción.
Los hallazgos también abarcan dos programas dirigidos a migrantes retornados, incluido el apoyo de 100 dólares, cuyos recursos, según Simón, eran manejados en efectivo por empleados. El funcionario afirmó que incluso el 12 de enero de 2026, cuando el personal comenzaba a salir de las instituciones, todavía se emitían cheques para retirar dinero en efectivo. A esto se suma el caso de los bonos alimenticios administrados por Banasupro, cuyo registro rondaba los 70 mil bonos, mientras que los datos del Instituto Nacional de Migración reflejaban alrededor de 40 mil personas que ingresaron al país en condición de retornadas.
La Comisión Liquidadora solicitó que las autoridades competentes profundicen las investigaciones y determinen si existen responsabilidades administrativas o penales por el manejo de los recursos. Simón advirtió que los exfuncionarios deberán responder ante el Ministerio Público si las indagaciones derivan en requerimientos fiscales. Entretanto, aclaró que el proceso de cierre institucional continúa, con tareas pendientes como despidos de personal, pago de prestaciones laborales, entrega de bienes y cancelación de compromisos con proveedores.
Redacción: Forum News