El TPS fue creado en 1990 como una protección temporal para ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales o epidemias. El mecanismo permite a sus beneficiarios trabajar legalmente y contar con protección frente a una eventual deportación, pero no concede residencia permanente ni ciudadanía estadounidense. El Salvador comenzó a recibir este beneficio en 1991, mientras Honduras fue incorporada al programa en 1998.
La administración republicana ha utilizado el cambio en las condiciones de los países como argumento para suspender el TPS de distintas nacionalidades. En el caso salvadoreño, esa posición ocurre mientras el presidente Nayib Bukele sostiene que su país pasó de ser una nación afectada por la violencia de las pandillas a convertirse en “el país más seguro del hemisferio occidental”. Este escenario ha sido utilizado para justificar que ya no existen las mismas condiciones que dieron lugar a la protección migratoria.
El impacto de la medida también alcanza a las familias que durante años se establecieron en Estados Unidos bajo el amparo del TPS. Elsy Flores Ayala, activista originaria de La Unión, El Salvador, y residente en Washington D.C., estuvo protegida por este programa hasta mayo de 2024 y advirtió sobre las consecuencias que puede tener su cancelación. “Es un escenario bastante fuerte, son más de dos décadas en este país”, expresó.
Flores Ayala también señaló que existen numerosas familias cuyos integrantes tienen diferentes situaciones migratorias y que podrían verse afectadas por la medida. “Es una separación total de las familias, habemos muchas familias mixtas”, manifestó la activista, al referirse al impacto que podría generar el fin de la protección para quienes no tengan otra vía legal para permanecer en Estados Unidos.
La cancelación también representa un impacto económico, debido a la participación de los salvadoreños beneficiarios del TPS en sectores como construcción, mantenimiento de edificios, transporte, manufactura y servicios de comida. Cerca de 152,000 personas amparadas por el programa trabajaban en esas áreas y, después del pago de impuestos, generaban alrededor de 5,400 millones de dólares anuales en contribución económica neta para Estados Unidos.
Con la salida del TPS para El Salvador, Washington reduce aún más el alcance de este mecanismo. Cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca, ciudadanos de 17 países estaban protegidos bajo el programa, mientras que ahora, según la información disponible, únicamente permanecen bajo esta figura Ucrania, Líbano y Sudán. Para los salvadoreños, el vencimiento marca el fin de una protección que comenzó hace más de tres décadas y plantea un escenario de incertidumbre migratoria para una comunidad de aproximadamente 200,000 personas.
Redacción: Forum News