La continuación de la audiencia será determinante para conocer la respuesta judicial a los incidentes y excepciones planteados por el equipo legal de Hernández, quien es procesado por un caso relacionado con el presunto desembolso irregular de unos 10.8 millones de dólares entre 2010 y 2013, cuando ejercía como presidente del Congreso Nacional.
Durante la audiencia anterior, la defensa objetó 15 de los 36 medios de prueba presentados de forma conjunta por la Fiscalía y la PGR. Según Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, el conjunto probatorio está integrado por 34 evidencias documentales, una prueba pericial y la declaración de un testigo clave. Ante las objeciones, ambas instituciones solicitaron disponer de un plazo similar al otorgado previamente a la defensa para analizar los planteamientos.
Uno de los principales argumentos de la defensa está relacionado con una solicitud de nulidad. La abogada Angie Colindres sostuvo que Hernández se encontraba en estado de indefensión durante la etapa investigativa, debido a que las pesquisas comenzaron años atrás, cuando él permanecía en Honduras, sin que, según la defensa, fuera convocado para participar ni tuviera la oportunidad de designar a un abogado que lo representara.
“Nosotros, como equipo de defensa, planteamos un incidente de nulidad orientado a manifestar y dejar establecido que el expresidente Juan Orlando Hernández estuvo en estado de indefensión durante los procesos de investigación”, manifestó Colindres.
La defensa también espera que durante esta etapa se analice una excepción por falta de acción vinculada con el delito de fraude. Colindres argumentó que una resolución previa de una Corte de Apelaciones debe favorecer a Hernández, debido a que en el requerimiento fiscal figuraban otros coimputados y, a criterio de la defensa, los efectos de un recurso deben extenderse a personas que se encuentren en una situación procesal similar. “La Corte de Apelaciones dijo que no hay fraude en razón de jerarquía; por lo tanto, no se puede seguir acusando al expresidente Juan Orlando Hernández por ese delito, ya que él era el presidente del Congreso Nacional en ese momento”, afirmó.
El caso Pandora II investiga el presunto desembolso irregular de aproximadamente 10.8 millones de dólares durante el período comprendido entre 2010 y 2013. De acuerdo con la investigación, esos fondos presuntamente fueron destinados al financiamiento de la campaña electoral de 2013.
Hernández regresó a Honduras el 26 de julio, después de haber recibido en diciembre de 2025 un indulto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la condena de 45 años de prisión por narcotráfico que le fue impuesta en 2024, luego de su extradición a ese país en 2022.
La audiencia de este lunes permitirá establecer si los incidentes y excepciones promovidos por la defensa prosperan y cuál será el destino de los medios de prueba cuestionados durante el proceso.