La respuesta del ministro de Relaciones Exteriores se produjo directamente ante las consultas de la prensa sobre la petición formulada por Hegseth, quien instó a los integrantes de la alianza a retirarse de la CPI y cuestionó el alcance de su jurisdicción. “Nosotros somos miembros de la Corte Penal Internacional, y sin perjuicio que todos los organismos pueden ser perfectibles y mejorables, seguimos siendo miembros de la CPI”, declaró Pérez Mackenna, dejando establecida la posición oficial frente a la solicitud de Washington.
La Corte Penal Internacional tiene su sede en La Haya y fue creada en 2002 mediante el Estatuto de Roma para juzgar casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren actuar. Estados Unidos no reconoce la jurisdicción del tribunal y Hegseth defendió esa postura durante el encuentro en Panamá, donde afirmó que la institución representa una amenaza para la soberanía de los Estados. “Insto encarecidamente a todos los miembros de la A3C que abandonen la CPI y a rechazar sus intentos de despojar a sus gobiernos y tribunales de su soberanía”, expresó el funcionario estadounidense.
La solicitud se planteó en el marco de la Coalición contra los Cárteles de las Américas, también conocida como Escudo de las Américas, iniciativa presentada oficialmente en marzo por el presidente Donald Trump para coordinar acciones conjuntas entre países de la región contra el narcotráfico y el crimen organizado. En la reunión realizada en Panamá estuvo presente el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, quien posteriormente se refirió a la mención de la doctrina Monroe durante el foro y sostuvo que su país no debe ser considerado subordinado a otra nación.
“Desde el punto de vista de Chile, nosotros no somos el patio trasero de ningún país”, declaró Barros este jueves durante una entrevista con la Televisión Nacional de Chile. Sus palabras surgieron después de la reunión en la que Hegseth planteó la salida de la CPI a los integrantes de la coalición y generaron consultas al canciller sobre la posición del Ejecutivo frente a las declaraciones del titular de Defensa. Pérez Mackenna, sin embargo, evitó entrar en esa discusión y optó por destacar la coordinación entre ambos funcionarios.
“No me voy a referir a las afirmaciones del ministro Barros, simplemente puedo decir que estamos trabajando juntos”, respondió el canciller al ser consultado por los medios. De esta manera, la Cancillería mantuvo su postura sobre la permanencia en el tribunal internacional sin referirse directamente a las declaraciones realizadas por el responsable de Defensa. El pronunciamiento se produjo mientras la Administración del presidente José Antonio Kast enfrenta el escenario generado por la petición estadounidense a los países que participan en la coalición regional.
La presión sobre la Corte Penal Internacional también ha provocado acciones legales dentro de Estados Unidos. El pasado martes, cuatro organizaciones estadounidenses de derechos humanos presentaron una demanda ante una corte federal de Nueva York contra la Administración de Trump por su campaña contra el tribunal y contra entidades y personas relacionadas con este. La acción fue presentada por el American Friends Service Committee, el Centro para los Derechos Constitucionales, el Instituto Open Society y Human Rights Watch, según informó esta última organización en un comunicado.
Redacción: Forum News