La Administración del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la organización Legal Aid Society solicitaron este viernes al Tribunal Supremo del estado desestimar la demanda presentada por un grupo de propietarios que pretende dejar sin efecto la congelación de los alquileres para más de un millón de viviendas reguladas, una medida aprobada en junio por el Rent Guidelines Board (RGB) y considerada una de las principales promesas de campaña del alcalde.
La controversia se originó el pasado 22 de julio, cuando los propietarios acudieron a los tribunales para cuestionar la decisión del RGB, organismo independiente que establece anualmente los límites de los incrementos de alquiler mediante un proceso que incluye audiencias públicas. En su demanda, sostienen que la junta no contó con pruebas suficientes para respaldar la congelación de los contratos de arrendamiento de uno y dos años y cuestionan además la independencia con la que se desarrolló el procedimiento.
Los demandantes también señalaron directamente a Mamdani y afirmaron que el alcalde realizó esfuerzos para incorporar al RGB a personas afines a su posición y destinó fondos municipales para promover la participación de activistas en favor de los inquilinos durante las audiencias. La ciudad y Legal Aid Society rechazaron esos señalamientos en la moción presentada este viernes en representación de inquilinos, vecinos y el Consejo Metropolitano de Vivienda.
La defensa sostiene que el RGB sí contó con información suficiente para fundamentar su determinación y considera falsas las acusaciones de los propietarios. Entre los elementos analizados por la junta figuran datos sobre la situación económica de los residentes de viviendas con alquiler regulado, que muestran que casi la mitad destina más del 30 % de sus ingresos al pago de la renta, mientras que cerca de un tercio utiliza más del 50 % de sus ingresos para cubrir ese gasto.
El documento también señala que, de acuerdo con el Estudio de Ingresos y Gastos de 2026 elaborado por el RGB, la mayoría de los propietarios mantuvo ganancias estables o crecientes. Con base en estos elementos, los abogados de los inquilinos argumentan que la demanda no demuestra una infracción legal, sino un desacuerdo con la decisión de política pública adoptada por la junta.
“La petición abunda en retórica, pero carece de fundamento jurídico sólido”, sostiene la moción, que además cuestiona que los propietarios hayan presentado pruebas para demostrar que la resolución del RGB fue arbitraria, caprichosa, contraria a la ley o adoptada mediante un procedimiento ilegal.
La defensa también rechazó la acusación de que la junta utilizó únicamente los datos que favorecían su decisión. Edward Josephson, director de la Unidad de Reforma de Derecho Civil de Legal Aid Society, calificó ese argumento como falso y aseguró que el proceso judicial constituye un intento de revertir nuevamente los límites sobre los alquileres.
“La afirmación de los propietarios de que la RGB se basó en datos seleccionados a conveniencia es simplemente falsa”, declaró Josephson, quien sostuvo además que la demanda busca permitir nuevos aumentos en los alquileres regulados de la ciudad.
Redacción: Forum News