La congresista por el departamento de Santa Bárbara señaló que el procedimiento surge a partir de indagaciones relacionadas con presuntas irregularidades atribuidas a miembros de la Comisión Permanente, señalamientos que han sido divulgados públicamente. Smith afirmó que, ante esa situación, quienes aparecen dentro del proceso han ejercido los mecanismos establecidos en la legislación hondureña para solicitar que las actuaciones de las autoridades se desarrollen conforme a las garantías establecidas en la Constitución de la República y los convenios internacionales.
“Es un proceso administrativo en el cual hemos solicitado que se nos garantice, en nuestra calidad de investigados, el derecho a la defensa y el debido proceso, tal como lo estipulan la Constitución y los convenios internacionales”, manifestó la diputada al referirse al recurso presentado ante el Ministerio Público. La legisladora sostuvo que las acciones emprendidas forman parte del derecho que tienen las personas señaladas dentro de una investigación para presentar sus argumentos y solicitar que se respeten sus garantías legales.
Tras conocer la decisión del ente acusador de no admitir el recurso, Smith indicó que todavía existen alternativas jurídicas que podrían ser analizadas por sus representantes legales. Entre esas posibilidades mencionó la presentación de un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, en caso de determinar que durante el procedimiento se han afectado derechos fundamentales, una medida que dependerá del análisis que realice su equipo de defensa.
“Cuando se vulnera el derecho a la defensa, se puede acudir ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar tutela. Nuestros representantes legales analizarán las acciones correspondientes”, explicó la parlamentaria, quien además reiteró que mantiene la disposición de acudir ante las instancias que correspondan cuando sea requerida. Según indicó, su participación en cualquier diligencia estará sujeta a que se garantice un proceso apegado a la normativa vigente.
Consultada sobre la posibilidad de que el Ministerio Público pueda presentar un requerimiento fiscal en su contra, la diputada aseguró que no existe preocupación, al defender que sus actuaciones dentro del hemiciclo legislativo estuvieron apegadas a la ley. “No tenemos temor, porque nuestras acciones no han sido constitutivas de delito. Actuamos conforme a la Constitución y a la Ley Orgánica del Congreso Nacional”, afirmó Smith al referirse a su postura frente a la investigación.
La legisladora también reconoció que el caso ha generado diferentes posiciones políticas debido al contexto en el que se desarrolla, pero expresó que espera que las decisiones de las autoridades sean tomadas con independencia y objetividad. Smith reiteró que continuará haciendo uso de los recursos legales disponibles para ejercer su defensa y que confía en que el proceso se desarrollará respetando las garantías constitucionales de las personas involucradas.
Redacción: Forum News