La medida benefició a productores agropecuarios, empresas asociativas campesinas del sector reformado y rubros específicos como salineros, arroceros y pequeños y medianos camaroneros. El decreto estableció como cortes de elegibilidad las deudas en mora o con cuotas vencidas al 31 de diciembre de 2023, mientras que en el caso del sector camaronero y otros vinculados se amplió la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
En el esquema de alivio financiero aprobado, los beneficiarios debieron cancelar únicamente los intereses regulares correspondientes a 90 días, calculados sobre el crédito original. Además, la readecuación se fijó con una tasa máxima de interés de 2%, a un plazo de hasta 10 años y con un período de gracia de un año, manteniendo las garantías originalmente establecidas en los contratos crediticios.
El decreto también contempló nuevas condiciones para el acceso a financiamiento futuro a través de Banadesa y Senprende, al exigir un seguro agropecuario que cubriera el 100% del área financiada cuando no existiera un sistema de riesgos disponible. En los casos donde dicho sistema sí estuviera activo, la contratación del seguro quedó como opcional. La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) fue autorizada a subsidiar el 80% del costo de la prima, con una asignación de hasta 100 millones de lempiras.
El presidente de la comisión dictaminadora y diputado Tomás Zambrano señaló la urgencia de la aprobación del decreto, al afirmar que “este dictamen no puede esperar más”, y agregó que el proyecto fue socializado durante más de un mes antes de su votación final. También adelantó que la iniciativa sería enviada al Poder Ejecutivo para su sanción y posterior publicación en el diario oficial La Gaceta.
Desde la Comisión de Agricultura y Ganadería, el diputado Javier Mendieta destacó que la aprobación representó un acuerdo entre distintas fuerzas políticas en favor del sector productivo. En su intervención, subrayó que el objetivo fue respaldar a los agricultores y ganaderos que enfrentan pérdidas recurrentes por factores como el cambio climático, resaltando la importancia del consenso legislativo.
El diputado liberal Yury Sabas aclaró que la normativa no implicó condonación de deudas, sino únicamente facilidades de pago para los productores. “No se le está regalando recurso a nadie, porque la malísima costumbre que tiene la clase política es condonar deuda… y aquí no se está condonando deuda”, expresó durante su intervención en el pleno.
Por su parte, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Marco Lobo, advirtió que Banadesa requiere mayor fortalecimiento financiero para seguir cumpliendo su función en el sector productivo. En la misma sesión, su compañero de bancada Rafael Sarmiento destacó que la aprobación del decreto fue posible gracias a la socialización con distintos sectores políticos, al señalar que “sí podemos ponernos de acuerdo en los temas de interés nacional”.
Redacción: Forum News