El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) tendrá bajo su dirección a la Agencia Nacional Contra el Crimen, creada mediante el Decreto 84-2026, publicado el 22 de mayo en La Gaceta junto a varias reformas al Código Penal. La nueva instancia surge con la finalidad de coordinar a las instituciones estatales encargadas de investigar y combatir las estructuras delictivas en el país.
La normativa establece la participación de la Dirección Policial de Investigación (DPI), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Público, la Policía Militar, las Fuerzas Armadas y los organismos de inteligencia. El propósito es unificar criterios en la lucha contra la criminalidad organizada, especialmente en las labores investigativas. También se ordena la creación de una plataforma que concentre información relacionada con extorsiones, incluyendo registros telefónicos, cuentas bancarias, servicios financieros, pagos móviles y billeteras electrónicas.
Para el abogado y exjuez Félix Ávila, la conformación de este mecanismo guarda similitudes con la desaparecida Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), que operó entre 2014 y 2022. A su juicio, se trata de una nueva versión de aquella fuerza interinstitucional, que fue cerrada tras cuestionamientos por abusos y actos de corrupción cometidos por algunos de sus integrantes.
El artículo 5 del Decreto 84-2026, contenido en el apartado “Política Interinstitucional de Lucha Contra el Crimen”, define a esta instancia como un apoyo para articular y ordenar el trabajo de los entes responsables de investigar, perseguir y enfrentar organizaciones criminales. En una primera versión también se contemplaba la coordinación de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), pero esa disposición fue eliminada posteriormente.
Luego de esa decisión, el ministro de Seguridad, Gerson Onán Velásquez, informó que la DPI asumirá las tareas relacionadas con maras, extorsión y terrorismo. Para ello fue creada la División Antiextorsión y Asociaciones Antiterroristas, encabezada por el subcomisionado Jorge Daniel Molina Álvarez y la subcomisionada Sulay Marlen Ponce.
Además de regular el funcionamiento de la nueva entidad, el CNDS tendrá la facultad de diseñar y dirigir la política criminal contra asociaciones terroristas y grupos delictivos. El mismo decreto también le concede la atribución de determinar cuándo una organización criminal podrá ser considerada terrorista.
Pese a que la medida ya entró en vigor, todavía no se ha definido quién ocupará la dirección, cuántos agentes serán asignados ni de cuáles instituciones procederá el personal operativo. Tampoco se estableció una partida presupuestaria inmediata. Esos aspectos deberán detallarse en el reglamento correspondiente, mientras que la Secretaría de Finanzas tendrá 30 días hábiles para elaborar una propuesta de financiamiento que posteriormente será enviada al Congreso Nacional para su aprobación.
Redacción: Forum News