Las enmiendas, que entraron en efecto 30 días después de su aprobación y tras la publicación del decreto el 27 de marzo en el Diario Oficial, se sustentan en una reforma constitucional previamente ratificada. Esta modificación establece la prisión perpetua para delitos como homicidio, incluido el feminicidio, violación y pertenencia a pandillas, consideradas como organizaciones terroristas en el país.
El nuevo marco legal contempla que los menores procesados por estos delitos sean juzgados bajo un esquema distinto, mediante la creación de los llamados juzgados de lo criminal, responsables de conocer estos casos, con excepción de los vinculados al terrorismo. Además, introduce un procedimiento especial para su tramitación dentro del sistema judicial.
Las reformas también eliminan beneficios penitenciarios para quienes sean condenados a cadena perpetua en estos casos. Según lo establecido, no aplicarán figuras como la libertad condicional ni la libertad anticipada, y únicamente se permitirá la revisión de la pena perpetua, con la posibilidad de un régimen de libertad controlada si se considera procedente.
Desde el Congreso, dominado por el oficialista Nuevas Ideas, se argumentó que la medida es compatible con estándares internacionales en materia de niñez, al contemplar revisiones obligatorias de la pena conforme al Código Penal, lo que, según sostienen, garantiza evaluaciones periódicas de los condenados.
No obstante, organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch han cuestionado la legalidad y proporcionalidad de estas disposiciones. La CIDH señaló que “la imposición de prisión perpetua a niñas, niños y adolescentes es incompatible con la jurisprudencia interamericana, por resultar desproporcionada frente a la finalidad de resocialización de la pena”.
En la misma línea, la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, advirtió que, según lo aprobado, la revisión de la pena podría darse después de 25 años, lo que “contradice estándares internacionales, ya que las penas para niños deben ser sustancialmente más cortas y ofrecer oportunidades reales de reinserción”.
Estas reformas se enmarcan en el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, una medida implementada por el Gobierno salvadoreño en su estrategia contra las pandillas. Desde entonces, se reportan más de 91.000 detenciones, al menos 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos y alrededor de 500 muertes de personas bajo custodia estatal.
Redacción: Forum News