Desde el inicio de la jornada electoral, distintos centros de votación en Lima registraron aperturas tardías debido a fallas en la logística de entrega del material, situación atribuida a la empresa encargada del traslado. Esta situación provocó largas filas, retrasos de varias horas y malestar entre los ciudadanos que esperaban ejercer su derecho al voto desde temprano. En los casos más críticos, algunos locales abrieron hasta cinco horas después de lo previsto, mientras que trece centros del sur de Lima no pudieron operar el mismo día, lo que obligó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a extender el proceso para permitir la participación de más de 50 mil electores afectados.
A estos problemas se sumaron fallas en el traslado y resguardo del material electoral, ya que se reportaron envíos en vehículos no oficiales y sin custodia adecuada en la capital peruana. Entre los incidentes más comentados estuvo la desaparición temporal de cajas con votos ya contabilizados, que posteriormente fueron halladas y difundidas por un medio de comunicación. Estos hechos alimentaron la polémica en un contexto ya sensible, especialmente tras denuncias políticas de fraude realizadas sin evidencia sólida por parte de algunos actores electorales.
El proceso también estuvo acompañado por la implementación del sistema digital STAE de la ONPE, diseñado para agilizar el registro de actas de votación. Sin embargo, las constantes fallas de conexión obligaron a muchas mesas a volver al registro manual, lo que ralentizó el conteo y aumentó la carga de trabajo de los miembros de mesa. En algunos casos, el agotamiento y la frustración llevaron incluso a incidentes aislados, como la destrucción de material electoral en una mesa del Callao.
En paralelo, el avance del escrutinio con el 94,95 % de actas procesadas colocó a Keiko Fujimori como la candidata más votada con alrededor del 17 % de los votos válidos, seguida por Roberto Sánchez con 12 % y Rafael López Aliaga con 11,91 %, quienes disputan la posibilidad de pasar a segunda vuelta en un escenario aún ajustado.
En medio de la controversia, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, presentó su renuncia este martes, asumiendo la responsabilidad por las fallas logísticas registradas durante el proceso electoral. Su salida se produjo en un ambiente de fuerte presión política, incluyendo pedidos públicos de detención inmediata por parte de López Aliaga, quien ha cuestionado la transparencia del proceso sin presentar pruebas que respalden sus acusaciones.
Redacción: Forum News