La agenda legislativa se centra en un dictamen que ya fue socializado con distintas bancadas, sectores sociales y organizaciones, y que ahora llega al pleno con ajustes orientados, según el oficialismo, a mejorar la eficiencia administrativa. Los diputados anticipan una jornada extensa, marcada por el análisis de un presupuesto que permitirá destrabar programas sociales e iniciativas de infraestructura que han enfrentado limitaciones operativas.
El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, explicó que la decisión de sesionar el lunes busca imprimirle mayor rapidez al proceso. “Hemos pedido la celeridad del caso, ya que esto es una herramienta muy importante que en la presidencia de la República la están necesitando para desarrollar los diferentes proyectos a nivel nacional y esperamos iniciar el día lunes 20 de abril; no creo que se apruebe en ese día, pero sí en el transcurso de la semana”, manifestó. Además, reiteró que el adelanto de la sesión responde a la urgencia de avanzar en la agenda económica del país.
Desde el ámbito financiero, el secretario de Finanzas, Emilio Hércules, destacó que el presupuesto asciende a 444,265.8 millones de lempiras y refleja una reducción del 5.3% en comparación con la propuesta inicial enviada en septiembre, lo que equivale a 24,938.2 millones menos. Según explicó, el objetivo es dejar atrás el esquema prorrogado vigente en 2025 y garantizar una ejecución más fluida en pagos y proyectos. “Tenemos muy definido cuáles son las fuentes de financiamiento para poder llevar a cabo la ejecución de los 444 mil millones de lempiras y va al par con la estrategia que tiene el presidente de la República para poder reducir el gasto corriente que tenemos en el Estado”, afirmó.
El financiamiento del presupuesto contempla que el 70.6% de los recursos de la Administración Central provenga de ingresos tributarios, mientras que la estrategia gubernamental prioriza contener el crecimiento de la masa salarial y aumentar la inversión pública directa. En ese sentido, se proyecta que más del 10% del total, equivalente a 45,100.6 millones de lempiras, se destine a obras concretas.
El documento también introduce cambios en la distribución y uso de recursos. Las secretarías de Educación y Salud podrán retener el 100% de los ingresos generados por sus servicios para cubrir sus gastos, con el fin de fortalecer su autonomía operativa. En el área de infraestructura, se asignan 16,130.5 millones de lempiras para inversión productiva bajo la gestión de la SIT, priorizando 71 proyectos en ejecución y 10 nuevas obras.
En cuanto a las municipalidades, el esquema de transferencias establece que el 50% de los fondos se distribuirá de forma equitativa, el 20% según la población y el 30% de acuerdo con los niveles de pobreza. Además, el 35% de estos recursos deberá destinarse al Programa de Fortalecimiento Social y Comunitario. No obstante, la Secretaría de Finanzas podrá retener hasta un 30% de las transferencias mensuales en casos de embargos judiciales, como mecanismo para asegurar el cumplimiento de obligaciones legales sin frenar la administración local.
Redacción: Forum News