De acuerdo con estas versiones, los automóviles habrían sido utilizados por familiares cercanos como esposo, hijos, nueras y yernos, pese a que estarían asignados originalmente a funciones oficiales. Las fuentes consultadas por RCV indican que las unidades no habrían sido devueltas al finalizar la gestión correspondiente.
Según lo señalado, la exfuncionaria se habría negado a entregar la flotilla alegando motivos de seguridad personal, amparándose en la Ley de Protección a Altos Funcionarios del Estado, lo que mantiene abierto el debate sobre el alcance de estos beneficios una vez concluido el periodo en el cargo.
El caso también incluye la continuidad de un esquema de seguridad activo, con vehículos de acompañamiento y personal destinado a la protección de su residencia y círculo familiar. En términos económicos, se estima que cada unidad tendría un costo aproximado de 250 dólares mensuales en renta, lo que representaría miles de dólares en fondos públicos, de acuerdo con la información divulgada por RCV.
El abogado Jaime Rodríguez reaccionó al caso señalando que: “Creo que el tener en posesión un funcionario una cantidad industrial de vehículos es algo injustificable, incorrecto y que no se debería de dar. No hay justificación lógica para que ella y su núcleo familiar tengan esa cantidad de vehículos, ojalá haya un error porque no es concebible ni aceptable. Si no los quiere devolver sería un gran error e inclusive puede ser constitutivo de una acción regida o estipulado en el Código Penal”, en referencia al uso y permanencia de estos bienes bajo disposición oficial.
Hasta el momento, el caso permanece bajo señalamientos basados en fuentes citadas por RCV, sin confirmación oficial adicional de las autoridades competentes, mientras el tema continúa generando debate público sobre el uso, control y permanencia de bienes estatales asignados a exfuncionarios y sus entornos cercanos.
Redacción: Forum News