El subsecretario de Trabajo, Daniel Discua, informó que el proceso de diálogo se encuentra en su etapa final, señalando que únicamente restan aspectos técnicos para concretar el acuerdo. Asimismo, confirmó que el convenio tendrá una vigencia de dos años, lo que permitirá dar estabilidad a las condiciones salariales durante ese período.
El funcionario explicó que uno de los puntos clave del acuerdo es la incorporación del pago retroactivo, con el fin de compensar los meses en los que las negociaciones se extendieron más de lo previsto. En ese sentido, detalló que la forma de pago no será uniforme, ya que dependerá de la capacidad financiera de cada empresa.
Discua precisó que algunas empresas podrán asumir el incremento junto con el retroactivo en un solo desembolso, mientras que otras tendrán la posibilidad de negociar esquemas de pago fraccionado, permitiéndoles cumplir con la obligación acumulada sin afectar su operatividad.
Por su parte, el representante del sector obrero, Josué Orellana, señaló que el ajuste es resultado de consensos alcanzados entre las partes en la mesa tripartita, destacando que las conversaciones han avanzado incluso hacia la proyección de cifras para el año 2027.
El dirigente indicó que los montos estimados del incremento oscilan entre 500 lempiras para pequeñas empresas y hasta 1,200 lempiras en el caso de las grandes, como parte de un esquema diferenciado. Además, subrayó que los porcentajes en discusión superan la inflación registrada el año anterior, lo que permitiría una compensación mínima frente al aumento de la canasta básica.
“Los porcentajes que se están negociando es arriba del índice de inflación que cerramos el año anterior, eso es muy importante porque a pesar de la pérdida de la capacidad adquisitiva habrá algún tipo de compensación mínimo por los costos de la canasta básica”, expresó, al tiempo que agregó que esperan alcanzar el acuerdo final en los próximos días.
No obstante, el representante obrero advirtió sobre limitaciones en la supervisión estatal, al señalar que la Secretaría de Trabajo no cuenta con suficiente personal para garantizar el cumplimiento del salario mínimo, estimando que alrededor de 800 mil trabajadores en Honduras no reciben el salario base legal, lo que mantiene la preocupación sobre la efectividad real de este ajuste en el país.
Redacción: Forum News