El organismo señala que, hasta el 31 de enero de 2026, al menos 11 de los centros penales operan por encima de su límite, mientras que otros 10 se mantienen dentro de su capacidad. Esta situación refleja un problema persistente que impacta directamente en las condiciones de vida de la población carcelaria.
Uno de los casos más críticos es el del centro penal de Támara, que alberga a 5,636 personas pese a tener capacidad para 4,579, lo que representa un excedente de 1,057 internos. A este se suman otros recintos como El Progreso, con una sobrepoblación de 538; Morocelí, con 445; y Danlí, con 428.
El fenómeno también afecta a centros penitenciarios de menor tamaño, entre ellos El Porvenir, Marcala, Olanchito y Nacaome, así como Santa Rosa de Copán, Yoro y Ocotepeque, donde la cantidad de internos supera el espacio disponible.
Joselin Padilla, oficial de la Defensoría de Personas Privadas de Libertad del Conadeh, advirtió que el hacinamiento constituye por sí mismo una violación a los derechos humanos, al limitar el acceso a servicios básicos, atención médica, asistencia psicológica y procesos judiciales adecuados.
La funcionaria explicó que la sobrepoblación, que asciende a 3,113 personas a nivel nacional, es un indicador claro de que persisten condiciones que atentan contra la dignidad humana dentro de los recintos penitenciarios.
Padilla también señaló que estas condiciones generan responsabilidad directa del Estado, al ser las autoridades quienes tienen bajo su custodia a la población privada de libertad y, por ende, la obligación de garantizar sus derechos fundamentales.
De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario (INP), algunos centros como Ilama, Siria, Choluteca, Juticalpa, Gracias, Comayagua, Atlántida, La Paz y Puerto Lempira no presentan niveles de hacinamiento, lo que evidencia una distribución desigual de la población carcelaria.
Finalmente, la representante del Conadeh indicó que organismos internacionales recomiendan evitar la militarización en la gestión penitenciaria, al considerar que no es adecuada para procesos de rehabilitación. En ese sentido, abogó por avanzar hacia un modelo enfocado en la desmilitarización y el fortalecimiento de la academia penitenciaria, con el fin de garantizar una reinserción social efectiva.
Redacción: Forum News