La propuesta plantea modificar el artículo 202 de la Constitución de la República y contempla una reducción tanto de los diputados propietarios como de sus suplentes. En la actualidad, el Poder Legislativo está conformado por 128 diputados y la misma cantidad de suplentes, quienes reciben salarios, viáticos y subsidios de apoyo social. Según la legisladora, el propósito es avanzar hacia un Congreso más eficiente, ágil y responsable con las finanzas públicas, en un contexto de limitaciones presupuestarias.
Kafati argumenta que la iniciativa retoma el modelo que existía tras el regreso al orden constitucional en 1981, cuando el Congreso funcionaba con 82 integrantes. A su juicio, una estructura más reducida permitiría liberar recursos para destinarlos a áreas prioritarias como salud, educación y seguridad, fortaleciendo al mismo tiempo la gestión pública.
La diputada vinculó su planteamiento con procesos de reorganización del Estado y estableció una analogía con las medidas de reducción del aparato estatal ejecutadas durante la administración del presidente Nasry Asfura, que incluyeron la fusión y cierre de instituciones públicas.
El tema ha sido objeto de debate en distintas etapas. Entre quienes han planteado recortes más profundos figura Salvador Nasralla, quien propuso reducir la cifra a 64 diputados propietarios y 32 suplentes, además de condicionar los pagos legislativos a la productividad y asistencia. También el diputado Jorge Cálix ha sostenido que el número actual es elevado en relación con la población, mientras que German Altamirano formalizó una iniciativa para limitar la cifra a 80 representantes. A estas posiciones se sumó el exdiputado Marco Eliud Girón, quien sugirió eliminar la figura del suplente permanente y permitir su participación únicamente en ausencias justificadas.
No obstante, organizaciones de sociedad civil y analistas advierten que la reducción de curules no garantiza por sí sola mejoras en la productividad legislativa ni en la transparencia institucional. Señalan que cualquier reforma en la composición del Congreso debería acompañarse de cambios en su Ley Orgánica, en los mecanismos internos de fiscalización y en los criterios de asignación presupuestaria.
La reforma constitucional requiere mayoría calificada y su ratificación en una legislatura posterior, por lo que su aprobación dependerá de la capacidad de las distintas bancadas para alcanzar consensos en un tema que incide directamente en la estructura del Poder Legislativo.
Redacción: Forum News