El diputado enfatizó que cualquier proceso de desvinculación deberá cumplir con las disposiciones establecidas en el marco legal vigente. Aclaró que la estabilidad de los trabajadores no desaparece con la entrada en vigor de la ley y que las garantías continúan amparadas por la normativa nacional.
Según expuso, cuando un empleado desempeña adecuadamente la función para la que fue contratado, sus derechos deben ser respetados. En ese sentido, llamó a evitar interpretaciones que generen temor entre el personal que cumple con sus responsabilidades.
Cálix también hizo referencia a estructuras administrativas que, a su juicio, deben revisarse. Señaló que existen casos donde varias personas son asignadas a una misma tarea, situación que puede derivar en ineficiencia y en un uso inadecuado de los recursos públicos, lo que obliga a realizar ajustes.
Sobre los posibles ceses, explicó que la ley distingue entre causas justificadas e injustificadas. Si el despido responde a una razón debidamente acreditada, no procede una reclamación adicional; pero si carece de fundamento legal, el trabajador puede acudir a las instancias correspondientes para exigir el pago de prestaciones o solicitar su reintegro.
El legislador reiteró que la normativa aprobada no elimina conquistas laborales y sostuvo que, siempre que se respeten los procedimientos establecidos, no debería existir incertidumbre en torno a la protección de los empleados.
Redacción: Forum News