La propuesta fue presentada por el diputado nacionalista Kilvett Bertrand, quien señaló que los 26 audios fueron divulgados por el consejero del CNE, Marlon Ochoa, en plena contienda electoral. El parlamentario advirtió que se trata de un tema delicado que debe resolverse con respaldo científico, ante la sospecha de que el contenido pudo haber sido manipulado.
Según lo expuesto en el pleno, los audios habrían sido fabricados mediante el uso de “inteligencia artificial” y otras herramientas digitales. Bertrand sostuvo que los archivos serían “falsos y manipulados”, y que su circulación representó un intento de socavar la democracia hondureña, por lo que pidió una investigación independiente.
En ese sentido, el Congreso solicitó al Ministerio Público que, en un plazo máximo de cinco días, designe y envíe una comisión de fiscales a Estados Unidos para practicar peritajes especializados. La coordinación de esta misión estará a cargo del director general de Fiscales, Juan Carlos Sánchez Villalobos, quien deberá supervisar el proceso técnico.
La moción también plantea que el análisis pueda contar con el apoyo de autoridades técnicas estadounidenses, con el propósito de garantizar un dictamen confiable y ajeno a cuestionamientos políticos.
Desde la bancada de Libertad y Refundación (Libre), el diputado Edgardo Casaña defendió la actuación de Ochoa y sostuvo que los comentarios contenidos en los audios se materializaron en la realidad. Asimismo, cuestionó que se busque realizar nuevos peritajes en laboratorios privados cuando, según indicó, ya existe un estudio realizado en Colombia que concluye que las grabaciones son auténticas.
Por su parte, la diputada liberal Iroshka Elvir propuso que el Congreso exhorte a la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, para que entregue el código fuente del sistema electoral y las maletas electorales a un ente internacional que verifique los hechos de manera integral.
En las grabaciones difundidas se escuchan voces atribuidas a la consejera Cossette López Osorio y al actual presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, lo que ha intensificado el debate político. Mientras se concreta la actuación del Ministerio Público, el caso mantiene divididas a las fuerzas políticas en torno a la legitimidad y el alcance de los audios.