Las amenazas, las extorsiones y el asesinato de familiares figuran entre las principales causas que obligan a las personas a abandonar sus viviendas. De acuerdo con los datos citados por Maldonado, las amenazas representan el 49 % de los casos, mientras que las extorsiones alcanzan el 13 % y el asesinato de parientes el 11 %, concentrando en conjunto el 73 % de los motivos registrados.
El presidente del Codeh sostuvo que el desplazamiento forzado constituye un hecho criminal que requiere una respuesta más firme de las instituciones encargadas de proteger a la población. “Honduras es débil y hasta consentidora ante este flagelo”, afirmó Maldonado al referirse a la situación que enfrentan las familias afectadas.
La problemática se ha intensificado durante los últimos años. Entre 2022 y 2025, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) atendió cerca de 5,000 quejas relacionadas con desplazamiento forzado, en casos que involucraron a 12,827 personas de diferentes edades y sexos.
Los registros de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del Conadeh muestran que el fenómeno también tiene un peso significativo dentro de las denuncias recibidas durante la última década. Entre 2016 y 2025, el organismo atendió 95,850 quejas a nivel nacional, de las cuales 10,077, equivalentes al 10.51 %, correspondieron a personas en riesgo o víctimas de desplazamiento forzado.
De ese total, 3,763 casos, que representan el 37 %, correspondieron a personas que tuvieron que abandonar su lugar de residencia habitual para proteger su vida, libertad o integridad personal. Otros 6,314 casos, equivalentes al 63 %, estuvieron relacionados con personas que se encontraban en riesgo de desplazamiento.
Los efectos de esta situación van más allá de la pérdida de una vivienda, ya que las familias desplazadas pueden enfrentar la ruptura de sus vínculos familiares y comunitarios, así como la pérdida de sus medios de vida y dificultades para acceder a servicios y derechos esenciales como educación, salud, vivienda, alimentación y empleo. En la última década, las quejas relacionadas con riesgo y desplazamiento forzado registraron afectaciones para 24,864 personas en diferentes regiones del territorio hondureño.
Ante este panorama, Maldonado exigió una respuesta contundente contra quienes generan el desplazamiento de familias y señaló que entre los principales responsables aparecen agresores desconocidos, así como integrantes de maras y pandillas. El defensor de derechos humanos pidió aplicar “mano dura” contra las estructuras que provocan estos hechos y reclamó el fortalecimiento de las acciones de prevención, protección y atención a las víctimas, bajo un enfoque de derechos humanos que permita garantizar su integridad, dignidad y acceso a la justicia.