Durante la sesión plenaria, Porras explicó que la iniciativa busca establecer "periodos efectivos de siete años renovables" dentro del modelo de Estado que el oficialismo denomina "Pueblo Presidente". Según la exposición de motivos, el propósito es garantizar mayor estabilidad institucional, continuidad en la gestión gubernamental y capacidad para responder a las necesidades materiales, culturales y espirituales de la población. "Nuestro sistema de Estado y Gobierno de 'Pueblo Presidente' propone ordenarse con periodos efectivos de siete años renovables", expresó el titular del Legislativo.
La propuesta llega nueve días después de que el presidente Daniel Ortega planteara eliminar las elecciones en Nicaragua, en un contexto marcado por cuestionamientos internacionales sobre el proceso democrático del país, denuncias de fraude electoral, la expulsión de opositores y la declaración de inaplicabilidad del artículo constitucional que impedía la reelección presidencial. Ortega, de 80 años, acumula 30 años en el poder: primero como coordinador de la Junta de Gobierno entre 1979 y 1985, luego como presidente de 1985 a 1990 y, tras regresar al Ejecutivo en 2007, ha permanecido de forma ininterrumpida hasta la actualidad.
El documento oficial también sostiene que el Gobierno requiere adecuar la organización del Estado a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Humano y de liberación de la pobreza. "El Gobierno de Nicaragua necesita para este futuro democrático y libre, solidario, complementario, cristiano, creativo, próspero y profundamente humano debe ordenarse de acuerdo a la urgencia y plazos que el Plan Nacional de Desarrollo Humano y de liberación de la pobreza contempla", señala la exposición de motivos de la reforma.
En paralelo, el presidente del Parlamento afirmó la semana pasada que Nicaragua continuará celebrando elecciones, aunque bajo un nuevo marco constitucional que, según dijo, impedirá la injerencia extranjera y la participación de quienes el oficialismo considera "traidores a la patria". La copresidenta Rosario Murillo informó posteriormente que la reforma será discutida en primera legislatura durante septiembre e incluirá disposiciones para excluir de los procesos electorales a opositores desnacionalizados.
La iniciativa ha generado preocupación y rechazo fuera de Nicaragua. Gobiernos como los de Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil, Perú y Uruguay, además de la Unión Europea, el secretario general de la OEA, Alberto Ramdin, y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, han manifestado su inquietud por las recientes decisiones y declaraciones del mandatario nicaragüense, al considerar que profundizan el deterioro del sistema democrático en el país.
Redacción: Forum News