Honduras enfrentaría un aumento de la inseguridad alimentaria aguda entre abril y julio de 2026, debido al impacto combinado de factores climáticos, económicos y productivos, de acuerdo con el más reciente análisis de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), publicado en junio. El informe estima que alrededor de 1.8 millones de hondureños podrían encontrarse en Fase 3 o superior, niveles considerados de crisis y emergencia que requieren intervenciones urgentes para proteger la alimentación y los medios de vida de las familias afectadas.
La proyección representa un incremento respecto al período comprendido entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, cuando la CIF calculó que 1.4 millones de personas, equivalentes al 13 % de la población evaluada, enfrentaban una situación de crisis o emergencia alimentaria. Para los meses siguientes, el porcentaje subiría al 18 %, con aproximadamente 1.7 millones de personas en Crisis y unas 95,000 en Emergencia.
El análisis señala que cerca de 400,000 hondureños adicionales podrían incorporarse a una condición crítica durante ese período, principalmente por la combinación de una menor disponibilidad de alimentos, la reducción de reservas familiares y las dificultades económicas que limitan la capacidad de compra de los hogares.
Entre las principales causas del deterioro, el informe identifica los efectos de los fenómenos climáticos, el aumento sostenido en los precios de los alimentos y la limitada capacidad de almacenamiento de productos básicos en las familias. La irregularidad de las lluvias habría afectado la producción agrícola, especialmente los cultivos de granos básicos durante el ciclo de postrera, mientras que el maíz y el frijol continúan registrando precios superiores a los promedios históricos.
La situación presenta diferencias entre los departamentos del país. En cuanto a severidad, Gracias a Dios tendría la mayor proporción de población en crisis o emergencia, con un 45 %, seguido de Lempira con 30 %, mientras que Yoro y Choluteca alcanzarían un 22 %. Por cantidad de personas afectadas, Cortés y El Progreso concentrarían cerca de 298,000 casos, seguido del Distrito Central con 206,000 y Choluteca con unos 112,000 habitantes en esta condición.
El informe también advierte que el período conocido como hambre estacional podría aumentar la presión sobre los hogares más vulnerables, especialmente en departamentos como Choluteca, Valle, El Paraíso, Francisco Morazán y La Paz, donde factores como el agotamiento de reservas agrícolas, la inflación, el costo de los combustibles y el encarecimiento de insumos podrían profundizar las dificultades alimentarias.
Aunque la evaluación indica una reducción frente al año anterior en los niveles más extremos de inseguridad alimentaria, la CIF señala que muchas familias continúan dependiendo de actividades como la agricultura de subsistencia, el comercio informal y los empleos temporales para garantizar sus ingresos.
Además, la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES) determinó que el 18 % de los hogares analizados enfrenta inseguridad alimentaria severa, una situación asociada con la disminución del consumo de alimentos y episodios frecuentes de falta de acceso a comida suficiente.
Ante este panorama, el informe recomienda mantener y fortalecer la asistencia alimentaria, los programas de transferencias económicas y el respaldo a la producción familiar en las zonas con mayor vulnerabilidad, con el objetivo de reducir el impacto de la crisis prevista para 2026.
Redacción: Forum News