En el informe, la comisión solicitó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y al Ministerio Público (MP) que investiguen posibles irregularidades relacionadas con pagos, transferencias de bienes, contratos de comunicación y la desaparición de dispositivos electrónicos con información pública. Estas acciones, según expusieron, serán objeto de revisión por parte de los entes de control del Estado.
En el área financiera, se reportó el pago de prestaciones laborales por un monto total de 126 millones 486 mil 843 lempiras, quedando pendientes aproximadamente cinco millones 463 mil 715 lempiras con 85 centavos. Asimismo, la comisión informó un ahorro estimado de 2 millones 927 mil 377 lempiras mensuales por la cancelación de arrendamientos, equivalente a más de 35 millones de lempiras anuales.
Hallazgos y revisión institucional
Los comisionados señalaron indicios de posible uso de recursos públicos con fines político partidarios, incluyendo gastos en alimentación, material promocional y servicios de difusión. También reportaron la existencia de personal en planilla sin evidencia de prestación efectiva de servicios, así como la desaparición de memorias y discos duros de equipos institucionales.
Sobre este último punto, la comisión advirtió que no se trata únicamente de pérdida de equipos físicos, sino de información pública cuyo paradero se desconoce, por lo que se presentarán denuncias formales para su investigación.
En otro apartado, el informe detalla registros de altos costos por servicios de transmisión y difusión, con facturas que alcanzarían aproximadamente los 70 mil lempiras por minuto, los cuales serán remitidos a auditoría técnica y financiera para determinar su razonabilidad y posible impacto patrimonial.
La Dirección General de Cinematografía figura en el informe con más de 60 millones de lempiras anuales destinados a proyectos culturales, cuya ejecución será objeto de auditoría. Asimismo, el Instituto de la Memoria presenta, según la comisión, escasa evidencia de funcionamiento operativo durante la intervención.
En el ámbito de infraestructura, el caso del Hospital Neonatal de Occidente muestra un avance del 27% pese a pagos que superan los 118 millones de lempiras, según documentos del TSC. Además, el equipo biomédico adquirido permanece almacenado, con garantías en curso, lo que ha generado alertas sobre una posible pérdida de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Finalmente, la comisión informó la transferencia de 5 mil 83 bienes estatales, valorados en aproximadamente 38 millones 625 mil 497 lempiras, hacia otras instituciones del Estado. Estas acciones, indicaron, forman parte del proceso de reorganización institucional orientado a la reducción del gasto público, la protección del patrimonio estatal y la redistribución de recursos hacia sectores prioritarios como salud y educación.
Redacción: Forum News