La medida tiene como finalidad reforzar los controles en las cárceles hondureñas y reducir el ingreso de objetos prohibidos y sustancias ilícitas, mediante el uso de tecnología especializada en las denominadas aduanas penitenciarias. Con esta ampliación del tiempo contractual, se busca que la empresa encargada pueda concluir la instalación de todos los equipos contemplados en el proyecto de modernización.
De acuerdo con el dictamen aprobado en el hemiciclo legislativo, la solicitud de ampliación fue presentada por el consorcio responsable del proyecto, debido a retrasos logísticos vinculados a la importación de componentes tecnológicos necesarios para completar la implementación del sistema. La petición fue revisada en el ámbito técnico y legal antes de recibir el respaldo legislativo correspondiente.
El Instituto Nacional Penitenciario (INP) emitió opinión favorable sobre la viabilidad de la prórroga, luego de que sus áreas administrativas y jurídicas determinaran que la extensión del plazo era necesaria para concluir la instalación sin modificar las condiciones originalmente pactadas en el contrato. Este aval permitió que el proceso avanzara hacia su aprobación en el hemiciclo.
El equipamiento contemplado dentro del proyecto incluye escáneres corporales de rayos X de alta definición, bandas transportadoras para la inspección detallada de encomiendas y dispositivos portátiles que serán utilizados en los diferentes centros penales del país. Estas herramientas serán implementadas en cárceles de máxima y mediana seguridad como parte del proceso de modernización del sistema penitenciario.
Según lo establecido en el documento, estas tecnologías buscan fortalecer los protocolos de revisión aplicados tanto al personal penitenciario como a las visitas, además de mejorar la capacidad de detección durante las inspecciones diarias. “La medida permitirá continuar con la implementación del equipamiento de seguridad en el sistema penitenciario nacional”, detalla el informe aprobado por los diputados.
La resolución aprobada por el legislativo establece que la adenda únicamente modifica el plazo de ejecución del proyecto, manteniendo sin cambios las condiciones financieras, las garantías de cumplimiento y las cláusulas de transparencia establecidas en el contrato original. Con esta decisión, el Estado busca asegurar la continuidad del proceso de modernización y la correcta implementación del sistema tecnológico en los centros penales del país.
Redacción: Forum News