La comisionada nacional del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, condenó la ola de violencia que golpea al país y advirtió que Honduras continuará registrando masacres mientras el Estado siga enfrentando la inseguridad de manera aislada y sin atender las causas estructurales de la conflictividad social. El pronunciamiento surge luego de las recientes matanzas ocurridas el jueves en Trujillo, Colón, y en Corinto, Omoa.
Según cifras del Conadeh, entre diciembre de 2022 y mayo de 2026 se contabilizaron 118 muertes múltiples de tres o más víctimas en al menos 16 de los 18 departamentos del país. Los casos se concentran principalmente en Francisco Morazán, Yoro, Cortés, Olancho y Colón, departamentos que acumulan el 68 % de las masacres registradas en los últimos 42 meses.
Izaguirre señaló que la violencia se ha expandido a distintas regiones del territorio nacional y cuestionó que las autoridades continúen respondiendo únicamente con medidas reactivas. “Estos actos de violencia, que se dan a nivel nacional, los condenamos. Pero también ponemos sobre la mesa que el Conadeh ha sido reiterativo, contundente e insistente en cómo se debe atender la conflictividad social”, expresó la funcionaria.
La titular del organismo recordó que el Conadeh ha emitido alertas tempranas por el incremento de la conflictividad en varias zonas del país, aunque lamentó que hasta ahora el Estado no haya asumido de forma integral su obligación de proteger a la población y garantizar seguridad. A criterio de la defensora de derechos humanos, el tratamiento fragmentado del problema ha permitido la repetición constante de masacres y ha elevado la percepción de inseguridad entre la ciudadanía.
Solo en lo que va de 2026, Honduras ya reporta una docena de muertes múltiples en nueve departamentos, con aproximadamente 60 víctimas. El Conadeh considera que estas cifras reflejan un patrón de violencia persistente que continúa activo en diferentes regiones del país.
Uno de los temas que más preocupa al organismo es la situación de los defensores de la tierra, el agua y el medio ambiente. Un informe elaborado entre el Conadeh y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) reveló que entre 2015 y 2025 fueron asesinados 111 defensores ambientales en Honduras, de los cuales el 92 % permanece en la impunidad. El departamento de Colón encabeza la lista con 38 crímenes.
Izaguirre confirmó que una delegación del Conadeh fue desplazada hacia Colón para recopilar información sobre los recientes hechos violentos y exigió investigaciones eficientes por parte de la Secretaría de Seguridad y del Ministerio Público. “Defender el agua y los recursos naturales no se puede criminalizar ni ver como una amenaza”, subrayó la comisionada, al recordar que Honduras ya enfrenta condenas internacionales por la falta de protección a líderes ambientales.
Pronunciamientos tras las masacres
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, reaccionó la noche del jueves a las masacres registradas en la aldea Rigores, en Trujillo, Colón, donde murieron 20 personas, y al asesinato de cinco agentes de la Policía Nacional en Corinto, Omoa. El mandatario aseguró que ambos hechos “no quedarán impunes”.
“Esta noche les hablo con dolor. No hay palabras, solo Dios consuela y abraza el alma ante la pérdida de nuestros seres queridos”, manifestó el gobernante en un mensaje dirigido al pueblo hondureño. Además, prometió encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia.
La Embajada de Alemania en Tegucigalpa también emitió una alerta a sus ciudadanos, recomendando extremar precauciones en Trujillo, Colón, y Omoa, Cortés, debido a la situación violenta registrada en esas zonas durante las últimas horas.
Desde distintos sectores políticos y sociales también surgieron reacciones. La diputada nacionalista Johana Bermúdez expresó su solidaridad con las familias afectadas y pidió a las autoridades reforzar las acciones de seguridad. “Honduras no puede acostumbrarse a la violencia ni al derramamiento de sangre inocente”, señaló.
Por su parte, el exministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, aseguró que el país atraviesa un retroceso en materia de seguridad y cuestionó el manejo gubernamental de la crisis. “Honduras no puede volver a los años de terror y masacres. ¡Cumplan con su palabra!”, expresó.
La diputada liberal Iroshka Elvir consideró urgente construir una política pública de seguridad integral que ataque las causas de la criminalidad y no solo aumente las penas. “El aumento de los castigos carcelarios en el papel no frena la violencia en los territorios si no se atienden las causas estructurales”, afirmó.
El Conadeh reiteró finalmente que, mientras no exista una intervención estructural y sostenida del Estado, Honduras seguirá enfrentando altos niveles de violencia, expansión del crimen organizado y repetición de masacres en diferentes comunidades del país.
Redacción: Forum News