¿Qué decisiones ha tomado, qué resultados presenta y por qué enfrenta cuestionamientos el gobierno de Nasry Asfura al cumplir 100 días en el poder? A poco más de tres meses de haber asumido la presidencia de Honduras el 27 de enero de 2026, su administración llega a este primer corte marcada por un reordenamiento en política exterior, conflictos sociales activos, presión económica y una crisis de seguridad persistente, en un escenario donde la ciudadanía comienza a exigir respuestas concretas.
Reconfiguración internacional y retos pendientes
Uno de los movimientos más visibles del gobierno ha sido el giro en política exterior, enfocado en recuperar la confianza internacional. La recomposición de relaciones con Estados Unidos, el retorno de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y la normalización de vínculos con organismos financieros multilaterales marcaron la hoja de ruta inicial.
El Ejecutivo busca con estas acciones atraer inversión extranjera, fortalecer el turismo y recuperar credibilidad financiera. Sin embargo, el reto sigue siendo que estos avances diplomáticos se traduzcan en resultados tangibles para la población.
En este mismo ámbito, la situación de la diáspora hondureña continúa como una deuda sin resolver. Aunque se reconoce la urgencia del tema, migrantes aún perciben abandono y falta de políticas concretas que atiendan sus necesidades.
Protestas, despidos y presión social
En el plano interno, los primeros 100 días han estado atravesados por conflictos laborales y reclamos sectoriales. Las protestas en salud, educación, transporte y el sector público evidencian tensiones acumuladas y decisiones recientes que han generado inconformidad.
La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, explicó que gran parte del conflicto proviene de empleados despedidos que reclaman el pago de prestaciones, entre ellos trabajadores del 911, Copeco, el extinto Ministerio de Planificación y personal médico sin renovación de contratos.
Castellanos también subrayó el impacto en el sistema sanitario, donde las paralizaciones afectaron directamente la atención. Señaló que el sector salud fue el más golpeado, con suspensión de cirugías y servicios esenciales mientras se recurría a servicios privados para atender la mora quirúrgica.
En educación, aunque las protestas fueron menos prolongadas, los docentes del programa Proheco lograron movilizaciones hasta obtener ajustes salariales, en medio de otras demandas del sector.
A esto se suma el encarecimiento del costo de vida. El alza en los combustibles, influida por el contexto internacional, ha impactado el transporte y los productos básicos, incrementando el malestar ciudadano. Aun así, una parte de la población mantiene un compás de espera hacia la gestión gubernamental.
En medio de este escenario, algunos sectores también han cuestionado el enfoque político del gobierno, señalando una dinámica de “apaga fuegos” y una tendencia “vengativa” reflejada en la promoción de juicios políticos, lo que, según estas opiniones, ha contribuido a elevar la tensión institucional en los primeros meses de gestión.
Seguridad: cambio de estrategia bajo presión
En materia de seguridad, el gobierno eliminó el estado de excepción y apostó por una estrategia de operativos focalizados. Sin embargo, la criminalidad sigue siendo uno de los principales desafíos.
La violencia continúa afectando la vida cotidiana, con extorsiones, homicidios y asaltos que se han vuelto frecuentes. La percepción de inseguridad se ha normalizado en barrios, colonias y unidades de transporte.
El sacerdote y analista social Ismael Moreno Coto fue contundente al valorar la gestión: es un gobierno “sin rumbo, desorientado e improvisado”.
A estas críticas se suman debilidades estructurales como la falta de inteligencia criminal, la corrupción institucional y la limitada coordinación entre operadores de justicia.
No obstante, el titular de Seguridad, Gerson Velázquez, defendió los resultados operativos. “Hemos resuelto 4 de cinco secuestros sin pagar ni un centavo, se ha capturado a más de cinco mil personas por diferentes delitos, hemos capturado más de 250 kilogramos de cocaína en diferentes formas, que hemos asegurado más de 8 estructuras criminales entre ellas la banda de los Copanecos, la Cleivona, los Wilmer y estamos detrás de la estructura ‘el cartel del diablo’”, expresó.
Evaluaciones: avances limitados y alertas
Diversos sectores coinciden en que el gobierno ha mostrado avances puntuales, pero sin cambios estructurales profundos. El director del Cespad, Gustavo Irías, afirmó que no se observa “un cambio de rumbo significativo”, sino la continuidad de un modelo marcado por desigualdades y exclusión.
Irías también señaló que la administración se ha limitado a “administrar la crisis” sin abordar las causas estructurales que la originan, lo que limita los avances de fondo en el país.
Por su parte, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó un informe ciudadano en el que advierte que la seguridad sigue siendo uno de los principales desafíos, debido a la persistencia de casos sin resolución y problemas en la efectividad de los procesos.
El informe también señala que la impunidad continúa siendo un punto crítico en el sistema de justicia, lo que debilita la confianza ciudadana en las instituciones.
En materia de corrupción, el análisis advierte la ausencia de una ruta estratégica clara, además de alertar sobre prácticas como el clientelismo político y la recentralización del control en instituciones del Estado.
Educación y gestión pública
En contraste, el sector educativo presenta algunos avances. El viceministro Denis Cáceres destacó la aprobación de un presupuesto histórico y la distribución de textos escolares en distintos departamentos del país.
“También se aprobó el presupuesto de educación por 46 mil millones, un poquito más. Es el más alto de la historia que ha ocurrido en el sector educativo. Se les ha nivelado a los profesores Proheco, que ya días no se podía hacer”, afirmó el funcionario.
Estos avances, aunque relevantes, aún deben consolidarse para generar un impacto sostenido en el sistema educativo nacional.
El llamado del Ejecutivo y el pulso ciudadano
Frente a las críticas, el presidente Nasry Asfura ha pedido tiempo para que su gestión sea evaluada por resultados. “No me midan por unos días. Han pasado décadas en Honduras y no se han resuelto los problemas. No me midan por 60, 80, 90, 120 o 150 días. Mídanme por los resultados en todos los meses y en los 45 meses que me quedan de Gobierno. El tiempo pasa rápido y les voy a dar resultados, ustedes lo van a ver y estamos para serviles. Nuestra prioridad y nuestro amor es Honduras y nuestra gente”, expresó.
A 100 días de gobierno, el balance muestra una administración que combina decisiones estratégicas, tensiones sociales y desafíos estructurales. Entre críticas y respaldo, la expectativa ciudadana comienza a transformarse en exigencia, en un escenario donde los próximos meses serán determinantes para medir el rumbo real del país.