La medida fue confirmada por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador (MPCEI), que explicó que el incremento responde a la falta de avances del lado colombiano en materia de control fronterizo. En su comunicado, la institución señaló que la decisión se toma “tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia”.
El Gobierno del presidente Daniel Noboa sostuvo que el ajuste arancelario forma parte de la llamada “tasa de seguridad”, una política que, según el Ejecutivo, busca reforzar la corresponsabilidad entre ambos países frente a la expansión del crimen organizado. En ese sentido, el comunicado oficial añadió que la medida “se fundamenta en criterios de seguridad nacional y busca reforzar la corresponsabilidad en una tarea que debe asumirse de manera conjunta para enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera”.
Desde Colombia, el presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza al anuncio y lo calificó como una agresión económica y política. El mandatario afirmó que la decisión ecuatoriana es una “monstruosidad” y advirtió sobre el impacto en los esquemas de integración regional, al señalar que esto marca un punto de quiebre en la relación comercial andina.
La escalada entre ambos países no es reciente. El intercambio comercial, que en los últimos años rondaba los 2.800 millones de dólares, ya había sido golpeado por una serie de incrementos arancelarios progresivos: primero al 30% desde febrero y luego al 50% en marzo, lo que ha ido deteriorando una relación económica históricamente estable. A esto se suma un contexto de medidas cruzadas, como la suspensión de la interconexión eléctrica por parte de Colombia y el aumento del costo del transporte petrolero aplicado por Ecuador a la estatal colombiana Ecopetrol a través de Petroecuador.
En el plano diplomático, la tensión también se ha visto alimentada por declaraciones sobre el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas. El presidente Petro lo calificó como “preso político”, lo que provocó una respuesta inmediata de Noboa, quien consideró esas afirmaciones como una injerencia en asuntos internos. El mandatario ecuatoriano sostuvo que estas declaraciones constituyen “un atentado contra nuestra soberanía y una violación al principio de no intervención, consagrado en el artículo 19 de la Carta de la OEA y en el derecho internacional”, profundizando así el deterioro de la relación bilateral.
Redacción: Forum News