La presencia de investigadores estadounidenses en la isla resulta inusual, especialmente en un contexto de fuertes tensiones diplomáticas entre Washington y La Habana, luego de que el gobierno estadounidense insistiera en la necesidad de cambios profundos en el sistema político cubano.
El incidente ocurrió cuando una lancha con 10 personas llegó a territorio cubano a finales de febrero. Según las autoridades de la isla, los ocupantes tenían como objetivo llevar a cabo una acción para derrocar al gobierno, lo que desencadenó un intercambio de disparos con fuerzas fronterizas. Como resultado, cuatro de los tripulantes murieron en el enfrentamiento y un soldado cubano resultó herido, mientras que un quinto ocupante falleció posteriormente debido a las lesiones sufridas.
Tras el operativo, las autoridades cubanas aseguraron haber encontrado en la embarcación armas de alto calibre, municiones, chalecos antibalas y artefactos incendiarios, elementos que respaldarían su versión sobre las intenciones de los tripulantes.
Funcionarios estadounidenses indicaron previamente que entre los fallecidos y los sobrevivientes había al menos un ciudadano de Estados Unidos. Los cinco hombres que sobrevivieron al tiroteo permanecen detenidos en Cuba y enfrentan cargos por terrorismo. Aunque en un inicio fueron presentados como ciudadanos cubanos, el gobierno cubano suele considerar como nacionales a las personas nacidas en la isla, incluso si poseen otra ciudadanía.
En marzo, el presidente Miguel Díaz Canel autorizó la cooperación con el FBI para esclarecer los hechos. Según fuentes estadounidenses, los agentes realizarán sus propias verificaciones y no basarán sus conclusiones únicamente en la información proporcionada por las autoridades cubanas, con el objetivo de proteger los intereses y derechos de los ciudadanos estadounidenses implicados en el caso.
Redacción: Forum News