La prórroga fue respaldada por 57 de los 60 diputados del órgano legislativo, dominado por el partido oficialista Nuevas Ideas. Se trata de la cuadragésima novena extensión consecutiva de la medida, que originalmente fue concebida como temporal, pero que con el paso del tiempo se ha convertido en una política permanente dentro del esquema de seguridad pública del país.
Durante la sesión plenaria, los legisladores justificaron la ampliación argumentando que todavía existen estructuras criminales activas y que la eliminación total de estos grupos es necesaria para evitar un retroceso en los resultados obtenidos. El decreto aprobado sostiene que la continuidad del régimen es esencial para consolidar los avances alcanzados en la reducción de la violencia.
Según cifras oficiales, las autoridades atribuyen al régimen de excepción una disminución significativa en los homicidios y la detención de más de 91 mil presuntos miembros de pandillas. El documento legislativo también señala que la Policía Nacional Civil continúa detectando y desarticulando intentos de reorganización de estos grupos, lo que, a criterio del gobierno, demuestra la necesidad de mantener las medidas extraordinarias.
El régimen implica la suspensión de varias garantías constitucionales, entre ellas la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho pleno a la defensa durante las primeras etapas del proceso penal. Asimismo, amplía hasta 15 días el período de detención administrativa y ha permitido la implementación de procesos judiciales colectivos contra presuntos integrantes de estructuras criminales.
Mientras el gobierno y una amplia parte de la ciudadanía respaldan la política de seguridad, organizaciones humanitarias han documentado miles de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos. Registros independientes reportan al menos 6,889 quejas, de las cuales la mayoría corresponde a detenciones arbitrarias. También se ha señalado la participación de agentes de seguridad en una parte considerable de los abusos denunciados.
En este contexto, se ha informado sobre la muerte de más de 500 personas que se encontraban bajo custodia estatal durante la vigencia del régimen, lo que ha incrementado las críticas de sectores nacionales e internacionales. Un informe reciente elaborado por expertos independientes advirtió que algunas de las acciones ejecutadas durante la aplicación de estas medidas podrían constituir graves violaciones al derecho internacional.
A pesar de las controversias, encuestas citadas por las autoridades indican que cerca del 85% de la población continúa apoyando la política de excepción, en gran medida por la reducción de los índices de violencia. Con esta nueva prórroga, el gobierno salvadoreño reafirmó su intención de mantener la estrategia hasta considerar erradicada por completo la actividad de las pandillas en el país.
Redacción: Forum News