En su intervención inicial en el Salón de Retratos, Zelaya sostiene que no ha actuado de manera selectiva durante su gestión y asegura que decidió presentarse pese a considerar que la comisión legislativa ya tiene una postura definida sobre su caso. A su juicio, las opiniones públicas emitidas previamente por diputados evidencian una falta de objetividad en el proceso.
El titular del ente acusador afirma que las denuncias en su contra responden a motivaciones políticas y no a señalamientos por corrupción. También defiende que, en momentos de alta tensión durante el proceso electoral de 2025, optó por priorizar la estabilidad del país y evitar una crisis mayor, aun cuando asegura haber recibido presiones externas.
Respecto a los audios que advertían sobre un supuesto plan para atentar contra el expresidente Manuel Zelaya, el fiscal explica que actuó bajo el principio de prevención, al tratarse de una noticia criminis que obligaba al Ministerio Público a iniciar investigaciones sin esperar su autenticación. Indica que la verificación del material se encuentra en trámite mediante asistencia internacional con autoridades de Estados Unidos, Colombia y Perú.
Durante la comparecencia, Zelaya también responde a cuestionamientos sobre la diferencia en los tiempos de investigación del caso Chequesol frente a otros expedientes. Argumenta que los casos de corrupción requieren procesos técnicos más complejos y prolongados, y niega haber ordenado persecución política o el cierre de denuncias dentro de la institución.
En la ronda de interrogatorios, diputados de distintas bancadas lo cuestionan sobre su nombramiento interino por la Comisión Permanente, la incautación de documentos en instalaciones del Consejo Nacional Electoral y la procedencia de los audios utilizados en investigaciones recientes. El fiscal reitera que sus decisiones se adoptaron bajo criterios legales y con el objetivo de resguardar el orden constitucional y el desarrollo del proceso electoral.
La sesión continúa en desarrollo y es transmitida en vivo, mientras los legisladores y el funcionario siguen abordando distintos episodios ocurridos durante su gestión, incluyendo actuaciones del Ministerio Público en procesos electorales, investigaciones sensibles y decisiones administrativas que hoy forman parte de los señalamientos discutidos en el juicio político.