La postura fue presentada por sus abogados, Barry Pollack y Mark E. Donelly, en un escrito remitido al tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en el que también se adjuntaron declaraciones juradas de ambos acusados. En esos documentos, Maduro y Flores sostienen que no pueden cubrir los honorarios legales y reiteran su solicitud de que se permita al Gobierno de Venezuela asumir los costos de su representación.
Según la defensa, la Fiscalía reconoce que los acusados tienen derecho a solicitar que el Estado venezolano financie su defensa. Sin embargo, hasta el momento la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos no ha autorizado que se utilicen fondos del Gobierno venezolano para ese fin, lo que, a juicio de los abogados, interfiere con el derecho de sus clientes a elegir libremente a su equipo legal.
El escrito fue presentado pocos días antes de la audiencia prevista para el 26 de este mes, en la que se espera que el tribunal evalúe los argumentos de la defensa y el avance del proceso.
Los representantes legales de Maduro y Flores argumentan que la negativa de las autoridades estadounidenses a permitir el uso de recursos venezolanos para pagar la defensa vulnera la Sexta Enmienda, que garantiza el derecho a escoger abogado, y la Quinta Enmienda, que protege el debido proceso. Además, recordaron que en otros casos la misma oficina ha autorizado pagos de honorarios legales entre personas o entidades sancionadas, lo que consideran una aplicación inconsistente de las medidas.
Ante esta situación, la defensa sostiene que aceptar un abogado de oficio no soluciona el problema, ya que obligaría a los acusados a ser representados por profesionales que no eligieron. Por ello, solicitaron al juez Alvin Hellerstein que se desestimen los cargos por considerar que el proceso presenta fallas constitucionales, o que al menos se convoque una audiencia específica para discutir estas objeciones antes de que el caso continúe.
Redacción: Forum News